Boyacá Sie7e Días conoció detalles de las actuaciones administrativas, urbanísticas, policivas y judiciales adelantadas por el municipio de Villa de Leyva frente a un proyecto constructivo desarrollado en el predio rural ‘San Cayetano’, relacionado con la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., representada por María Victoria Solarte Daza, contexto que hoy hace parte del debate alrededor del proceso judicial que involucra al alcalde Víctor Gamboa.

Por: Redacción Judicial

Según información conocida por este medio, en mayo del 2022 fue otorgada una licencia de construcción sobre el predio rural ‘San Cayetano’, ubicado en la vereda Sabana, durante la pasada administración municipal de Villa de Leyva.

Posteriormente, en abril del 2023, fue solicitada una modificación y ampliación de la licencia, la cual fue negada inicialmente en septiembre del 2023 y confirmada en febrero del 2024 por el actual alcalde Víctor Gamboa, con fundamento en observaciones técnicas, urbanísticas y ambientales emitidas por la Secretaría de Planeación Municipal.

Entre las razones expuestas por la administración se encuentran presuntas inconsistencias frente a áreas construidas, afectaciones hídricas relacionadas con la quebrada El Roble, ausencia de algunos conceptos técnicos y posibles intervenciones no ajustadas al Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) del municipio.

De acuerdo con la Alcaldía, posteriormente también fue negada una solicitud de revalidación de licencia y más adelante una nueva solicitud de cerramiento, modificación y ampliación terminó en desistimiento tácito, luego de que no se allegara integralmente la documentación requerida dentro del trámite administrativo.

Estas actuaciones dieron lugar a procesos judiciales y decisiones policivas orientadas, según el municipio, a garantizar el cumplimiento de la normativa urbanística y la protección del patrimonio ambiental y territorial de Villa de Leyva.

Entre ellas se encuentra una decisión policiva de primera instancia emitida en abril del 2026, relacionada con presuntos comportamientos contrarios a la integridad urbanística, frente a la cual fueron interpuestos los recursos legales correspondientes.

“El actuar irregular de Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. ha generado de parte del municipio de Villa de Leyva que acuda a actuaciones dirigidas a preservar la legalidad”, precisaron en la Alcaldía.

Esas actuaciones son:

• Acciones jurisdiccionales. Hoy se encuentran en curso tres procesos judiciales, dos de los cuales se iniciaron en el año 2024 que se encuentran para sentencia de primera instancia, y la última, iniciada en el 2025, está en etapa probatoria. De las anteriores, una fue iniciada por el municipio en el 2024, en la que se encuentra en firme medida provisional de suspensión provisional del acto administrativo presunto por silencio administrativo positivo protocolizado.
• Acciones policivas. En abril del 2026, en decisión de primera instancia, se dispuso declarar responsable por comportamiento contrario a la integridad urbanística a la sociedad Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S., imponiendo entre otros:
  • Medida correctiva de multa de 232 millones de pesos.
  • Orden de Demolición de aproximadamente 5.400 metros cuadrados de obra construida sin la correspondiente licencia; la sociedad constructora tiene un término de 60 días para su cumplimiento.

“Decisión respecto de la cual Inversiones San Jacinto de Nelvic S.A.S. interpuso recurso de apelación, el cual debía ser decidido en segunda instancia por el alcalde Víctor Gamboa, pero quien hoy se encuentra privado de su libertad por actuar conforme a norma urbanística y en defensa de Villa de Leyva”, aseguraron desde la administración municipal.

La abogada litigante, de 20 años de experiencia y docente universitaria, Elizabeth Patiño Zea, asesora jurídica externa de la Alcaldía de Villa de Leyva, manifestó a Boyacá Sie7e Días que, tras revisar los expedientes administrativos y judiciales relacionados con el caso, considera que las actuaciones adelantadas por el municipio y por el alcalde, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, se enmarcan en el ejercicio legítimo de las competencias legales de control urbanístico y defensa del interés general.

Según explicó la jurista, las decisiones adoptadas buscaron garantizar la aplicación del Decreto 1077 del 2015, la protección del ordenamiento territorial y la preservación del patrimonio ambiental, histórico y cultural del municipio.

“El municipio no ha hecho cosa diferente que defender la legalidad y el cumplimiento de las normas urbanísticas”, señaló.

Mientras avanzan las investigaciones que hoy mantienen privado de la libertad al alcalde Víctor Gamboa, desde la administración municipal se insiste en que las actuaciones adoptadas obedecieron a criterios técnicos y jurídicos dentro de los procedimientos previstos por la ley.

Boyacá Sie7e Días continuará atento al desarrollo de este proceso y a las posiciones de las diferentes partes involucradas.

Boyacá Sie7e Días

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