Más tierra, justicia y desarrollo rural: los frutos de la Revolución por la Vida

viernes 19 de junio de 2026, 7:45 am

El gobierno del presidente Gustavo Petro logró lo que décadas de promesas no pudieron: convertir la Reforma Agraria en una realidad tangible para el campesinado y las comunidades étnicas de Colombia. Bajo el liderazgo de la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino Villegas, el país avanzó en tres frentes fundamentales: justicia agraria, redistribución de la tierra y fortalecimiento de la capacidad productiva del campo.

Mayor inversión en el agro

Durante el actual gobierno, Colombia registró la mayor inversión en la historia del agro colombiano, tanto en términos nominales como reales, con un presupuesto histórico de $22 billones en pesos corrientes y $24,5 billones en pesos constantes. Así, el campo recibió recursos

sin precedentes para redistribuir la tierra, los activos productivos y los servicios rurales, con el propósito de transformar la estructura social y agraria hacia mayores niveles de equidad, para fortalecer los sistemas agroalimentarios con el fin de avanzar en la transformación de la matriz productiva fortaleciendo la seguridad y la soberanía alimentaria y para impulsar la justicia agraria como base para la construcción de la paz en el campo.

En 2025, estos recursos se tradujeron en bienestar para los territorios, permitiendo que 504.000 habitantes rurales salieran de la pobreza multidimensional y que 660.000 habitantes rurales salieran de la pobreza monetaria.

Justicia Agraria: la base de la paz en el campo colombiano

La justicia agraria ha sido, desde el inicio, uno de los pilares fundamentales de este Gobierno. La expedición de tres actos legislativos que reconocieron al campesinado como sujeto de especial protección constitucional, consagraron el derecho humano a la alimentación y crearon la Jurisdicción Agraria y Rural.

La adopción de 28 decretos mediante los cuales se impulsó el Sistema Nacional de Reforma Agraria, fortalecieron las territorialidades campesinas y democratizaron la administración de los fondos parafiscales. Igualmente, la expedición de más de 90 resoluciones estratégicas orientadas

a proteger las cadenas agroalimentarias y a garantizar los derechos de las poblaciones rurales, evidencian el alcance de una política pública encaminada a mejorar la gobernanza de la tierra y a recuperar la institucionalidad agraria que históricamente el Estado colombiano le ha debido al campo.

En ese camino, el Ministerio de Agricultura logró la aprobación de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria en 2024 y su sanción presidencial en marzo de 2026. Sin embargo, pese a concesos, acuerdos y toda la voluntad, en el Congreso no se logró la aprobación definitiva de la Ley Ordinaria.

Aunado a lo anterior, mediante procesos de dialogo, construcción colectiva y concertación con las comunidades, se consolidaron instrumentos clave para materializar la Reforma Agraria: el Pacto por la tierra, el agua, el territorio, el ambiente y la vida; el Mandato por los territorios, la tierra, el agua, los ríos, los mares, la naturaleza y la vida; y el Plan Decenal de la Reforma Agraria y Acuaria 2026-2036.

“La Justicia Agraria es avanzar en el reconocimiento de esos campesinos y campesinas que se vieron olvidados. Recuperar y reconocer esos derechos es un acto de justicia, y este gobierno lo ha venido haciendo. Hablar de Justicia Agraria es hablar de redistribución y de la restauración de los ecosistemas. Está más allá de quién tiene derecho sobre la tierra: es la dimensión de todos los actores, quién la tiene, cómo la tiene, quién la produce y cómo lo hace» , explicó la ministra Carvajalino.

Más acceso a la tierra: más de 2,2 millones de hectáreas formalizadas, tituladas y saneadas

El Gobierno nacional consolidó avances significativos en materia de democratización de la tierra y garantía de los derechos territoriales. Como resultado, se gestionaron 806.082 hectáreas, a través del Fondo Nacional de Tierras y se formalizaron 2.2 millones de hectáreas, mediante procesos de formalización, titulación, regularización, reglamentación y saneamiento de la propiedad rural, fortaleciendo la seguridad jurídica sobre la tierra y promoviendo el desarrollo de las comunidades rurales.

Así gestionamos la tierra para la Reforma Agraria

  • 462.562 hectáreas adquiridas mediante compra directa. (FNT)
  • 314.494 hectáreas adquiridas mediante decisiones en procesos agrarios. (FNT)
  • 29.026 hectáreas adquiridas mediante transferencia sin erogación de pago. (FNT)
  • 1.6 millones de hectáreas constituidas, ampliadas, tituladas y saneadas para comunidades étnicas, reconociendo sus derechos ancestrales y protegiendo sus territorios colectivos.
  • 452.571 hectáreas tituladas de baldíos y bienes fiscales patrimoniales a personas naturales, brindando seguridad jurídica a familias rurales que han trabajado la tierra por generaciones.
  • 80. 541 hectáreas formalizadas en propiedad privada rural.
  • 66.591 hectáreas de sabanas y playones reglamentadas, frente a apenas 1.078 hectáreas registradas en gobiernos anteriores, un salto histórico en la gestión agraria.
  • 11.343 hectáreas regularizadas de baldíos en Zonas de Reserva Forestal de la Ley 2ª de 1959.
  • 4.929 hectáreas asociadas al reconocimiento de sentencias SU-288, como parte del cumplimiento de decisiones judiciales en materia de tierras.

FNTFondo Nacional de Tierras

Con el objetivo de unificar y hacer públicas las cifras oficiales sobre compra, adjudicación, formalización y recuperación de tierras, se creó el Contador de Tierras de la Reforma Agraria, una herramienta con la que el Ministerio de Agricultura, Unidad de Restitución de Tierras, la Agencia Nacional de Tierras y Finagro, reportan las hectáreas gestionadas y entregadas en el marco de la reforma agraria.

La ministra Carvajalino enfatizó: «Estos son los frutos de la Revolución por la Vida: tierra con seguridad jurídica, derechos reconocidos y Estado llegando a los territorios. Sabemos que aún falta mucho por hacer y que el desafío es profundizar lo que hemos logrado, acelerar los procesos y seguir cumpliéndole al campesinado y a las comunidades étnicas. Cada hectárea formalizada, titulada, regularizada o saneada representa una familia con mayor certeza y un país que avanza hacia la justicia social en el campo».

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