La decisión contra la jurídica fue remitida para revisión ante la Procuraduría Regional, mientras continúan las actuaciones dentro del expediente disciplinario.

La Personería de Duitama abrió investigación disciplinaria contra María Teresa Camargo González, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Municipal, por una presunta participación en política. La decisión quedó consignada en un auto mediante el cual también se ordenó una medida cautelar de suspensión provisional mientras avanza el proceso.

De acuerdo con la providencia, además de iniciar formalmente la investigación, se dispuso la suspensión provisional de la funcionaria del ejercicio de su cargo hasta el próximo 21 de junio del 2026 a las 6:00 p.m.

Como primera determinación, el órgano de control resolvió: “abrir investigación disciplinaria en contra de María Teresa Camargo González, en su calidad de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del municipio de Duitama”.

Asimismo, ordenó la medida cautelar de suspensión temporal. En el documento se establece: “suspender provisionalmente del ejercicio de jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Municipio de Duitama a la señora María Teresa Camargo González, desde la fecha y hasta el 21 de junio del 2026 a las 6:00 p.m.”.

La providencia también indica que la decisión debió ser notificada personalmente a la investigada y precisa que contra la medida cautelar no procede recurso alguno, de conformidad con lo establecido en la ley 1952 del 2019, Código General Disciplinario.

Otro de los puntos contenidos en el acto administrativo ordena remitir la suspensión provisional al despacho del procurador regional de Boyacá para su revisión. De igual forma, se dispuso notificar la decisión a la alcaldesa de Duitama, Rocío Bernal, y al secretario General del municipio, con el propósito de que se dé cumplimiento inmediato a la medida y se incorporen las actuaciones correspondientes al expediente.

Dentro de las pruebas decretadas por la Personería se solicitó a la Oficina de Talento Humano de la Alcaldía de Duitama remitir copia del acta de posesión, el decreto de nombramiento, el manual de funciones y la certificación salarial de la funcionaria, entre otros documentos considerados necesarios para el desarrollo de la investigación.

El proceso disciplinario busca establecer si existieron conductas que puedan constituir una falta relacionada con las restricciones que la ley impone a los servidores públicos frente a actividades de carácter político o electoral.

Por ahora, la apertura de la investigación y la suspensión provisional corresponden a actuaciones propias de la etapa inicial del procedimiento y no representan una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la funcionaria.

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