Uno de los obstáculos para sancionar este delito es el hacinamiento del sistema penitenciario.

Una de las principales dificultades para sancionar el maltrato animal radica en que este tipo de conductas suele ocurrir en espacios privados, como hogares, fincas o empresas.

Al igual que sucede con la violencia intrafamiliar, esto dificulta identificar la ocurrencia del delito y, en muchos casos, reunir las pruebas necesarias para sancionar a los responsables.

En Colombia, la protección jurídica de los animales está sustentada principalmente en la Ley 1774 de 2016 y la Ley 2455 de 2025 (Ley Ángel).

La Ley 1774 marcó un cambio significativo al reconocer que los animales dejaron de ser considerados jurídicamente como cosas para ser reconocidos como seres sintientes.

“A partir de este reconocimiento se establecieron obligaciones orientadas a proteger su bienestar, evitando que sean sometidos a tratos crueles o degradantes, permitiéndoles desarrollar su comportamiento natural y evitando causarles una muerte innecesariamente dolorosa”, mencionó Francisco Javier Lara Sabogal, docente de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria.

Posteriormente, la Ley Ángel complementó este marco jurídico y fortaleció la protección legal de los animales en el país.

Los desafíos para sancionar el maltrato animal

Entre los principales obstáculos para sancionar estos delitos se encuentra el hacinamiento del sistema penitenciario y las dificultades para imponer penas privativas de la libertad en un contexto de sobreocupación carcelaria.

A ello se suma un desafío de carácter cultural. Para Francisco Javier Lara Sabogal, docente de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria, “aunque desde el 2016 los animales son reconocidos legalmente como seres sintientes, todavía persisten sectores de la sociedad que no les otorgan ese mismo estatus, lo que dificulta la aplicación efectiva de las normas de protección animal”.

No obstante, se han registrado importantes avances en los últimos años y cada vez existe una mayor conciencia social sobre la necesidad de respetar y proteger a los animales.

Sin embargo, aunque Colombia cuenta con un marco jurídico robusto para la protección de los animales, la efectividad de las sanciones sigue enfrentando retos relacionados con la dificultad para detectar estos delitos, las limitaciones del sistema penitenciario y la necesidad de fortalecer la cultura de respeto hacia los animales como seres sintientes.

En ese contexto, “el desafío ya no se limita a fortalecer la legislación, sino a garantizar su aplicación efectiva y promover una mayor conciencia social sobre la protección y el bienestar animal”, expresó Francisco Javier Lara Sabogal, docente de Posgrados de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Uniagraria.

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