La investigación vincula a dos funcionarias de la administración municipal por un posible daño patrimonial superior a los seis millones de pesos.

La Contraloría Municipal de Tunja abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del exalcalde Mikhail Krasnov y dos funcionarias de la administración municipal, tras evidenciar presuntas irregularidades en contratos de arrendamiento de inmuebles durante las vigencias 2024 y 2025.

De acuerdo con el auto, la investigación se origina en un hallazgo de auditoría que advierte un posible detrimento patrimonial por valor de $ 6.360.650, relacionado con el incremento injustificado en los cánones de arrendamiento de los contratos No. 372 y 515 del 2025.

“El equipo auditor de este ente de control remite un traslado con alcance fiscal, producto de actuación especial de fiscalización a los contratos de arrendamiento de inmuebles, rentados por el municipio de Tunja, correspondiente a las vigencias 2024 y 2025, en el que hace saber presuntas irregularidades”, se lee en el documento.

Entre los presuntos responsables figuran el entonces alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; la directora de la Unidad Especial de Contratación Estatal, Luz Mila Acevedo Galán, y la secretaria del Interior y Seguridad Territorial, Ahiliz Rojas Rincón (quien ahora se desempeña como directora de Umciti), encargada de la elaboración de estudios previos de los contratos cuestionados.

Según el informe, el incremento en los valores de arrendamiento no habría contado con una justificación técnica, legal ni de mercado. La Contraloría evidenció que, pese a tratarse de los mismos inmuebles, los cánones mensuales aumentaron de manera significativa entre un año y otro, sin que se reportaran mejoras o modificaciones en los predios.

El ente de control señaló debilidades en los procesos contractuales, incluyendo la ausencia de estudios de mercado adecuados, fallas en los controles internos y posibles incumplimientos de los principios de economía, eficiencia y transparencia en la gestión pública.

El proceso busca establecer si existió una conducta dolosa o culposa por parte de los funcionarios involucrados: “Cuando se configure una lesión del patrimonio público, el mismo deberá ser resarcido por las personas que en ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de esta, hayan causado o contribuido a la generación del daño. Por el contrario, si el mismo no se afecta con sus actuaciones, no habrá lugar a declarar la responsabilidad fiscal”, explica el auditor.

Finalmente, se informó que, en esta etapa del proceso, no procede recurso alguno contra el auto de apertura, y que los implicados serán citados para rendir versión libre frente a la situación.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

La entrada Contraloría abre proceso de responsabilidad fiscal por presunto detrimento en contratos de arrendamiento en Tunja se publicó primero en Boyacá 7 Días.