Desde la Unidad para las Víctimas, un boyacense lidera la atención humanitaria en las regiones más golpeadas por el conflicto.

Por: Eliana Castro – Especial para Boyacá Sie7e Días

Cumplir con el principio de oportunidad establecido en la Ley 1448 —responder en un máximo de 72 horas ante hechos como desplazamientos, confinamientos, atentados o amenazas— se ha convertido en uno de los mayores desafíos para la Subdirección de Prevención y Atención de Emergencias de la Unidad para las Víctimas.

Detrás de esa compleja labor está el duitamense Ronald Becerra, administrador de empresas de la Universidad Externado de Colombia, quien actualmente culmina una especialización en Alta Gerencia y cuenta con maestrías en Administración Pública, así como en Innovación Social y Economía. Su trayectoria académica también incluye estudios e intercambios en negociación y cooperación internacional en universidades de Australia, China, Dinamarca, México y Ecuador.

Desde esta subdirección, lidera la articulación de respuestas humanitarias en los territorios más afectados por el conflicto armado, coordinando operaciones logísticas, técnicas y humanitarias en municipios, corregimientos y veredas de todo el país. El reto es aún mayor si se tiene en cuenta que la atención debe garantizarse en cerca de 880 municipios, sin importar el día o la hora en que ocurran las emergencias.

A lo largo de su carrera, el funcionario boyacense ha aportado su experiencia en desarrollo rural, asuntos internacionales y competitividad en entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Viceministerio de Comercio Exterior, la Comunidad Andina y la misma Unidad para las Víctimas.

Esquema de atención y corredores estratégicos

La atención funciona bajo un esquema riguroso de corresponsabilidad: primero actúan los municipios, luego las gobernaciones y, cuando estas instancias superan su capacidad técnica, operativa y financiera, interviene la Unidad para las Víctimas como tercer respondiente. La articulación se desarrolla a través de espacios como los comités territoriales de justicia transicional, donde se analizan los casos y se definen las acciones a seguir.

Actualmente, la entidad concentra esfuerzos en cinco corredores estratégicos de alta complejidad por la gravedad de los hechos y las dificultades de acceso:

• Catatumbo.
• Magdalena Medio.
• El sur de Bolívar.
• Chocó.
• Cauca.

Allí se desarrollan acciones de atención inmediata y proyectos de intervención urgente, incluyendo apoyo agropecuario, infraestructura, dotación y construcción de albergues para garantizar el mínimo vital de las comunidades afectadas.

Más allá de lo operativo, el trabajo también implica un fuerte componente humano. “Llegamos con soluciones reales, no con promesas”, señala el subdirector, quien reconoce que escuchar las historias de las comunidades y conocer de cerca sus realidades sigue siendo una de las partes más difíciles del trabajo. Desde una mirada institucional, el mensaje es claro: la entidad mantiene monitoreo permanente en todo el país y cuenta con equipos comprometidos para responder de manera oportuna. “Estamos para servir, atender y estar presentes cuando más se necesita”, concluye Ronald Becerra.

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