Benedetti atacó con señalamientos personales y cuestionó la actuación de la magistrada dentro de un proceso.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación al ministro del Interior, Armando Benedetti, por llamar «loca, demente y delincuente» a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana, tras un allanamiento a su vivienda ordenado por ese alto tribunal en noviembre pasado.

Según el órgano de control, la investigación estudia hechos ocurridos el 11 de noviembre del 2025, cuando el funcionario reaccionó públicamente a una inspección judicial a su residencia, ubicada a las afueras de Barranquilla (norte).

Ese día, Benedetti denunció en su cuenta de X que el procedimiento era «ilegal» y lo calificó como un «abuso de poder» de la magistrada Lombana, a quien atacó con señalamientos personales y cuestionó su actuación dentro del proceso.

«El allanamiento es un abuso de poder de la demente y delincuente magistrada», escribió entonces el ministro, quien además sostuvo que la Corte Suprema no tiene competencia para investigarlo por hechos recientes, al asegurar que perdió el fuero como congresista hace más de tres años.

En sus mensajes, Benedetti también acusó a Lombana de estar «obsesionada» con él y de intentar incriminarlo en distintos delitos.

Líos judiciales del ministro

Benedetti ha sido acusado de agresiones machistas y protagonizó un escándalo de violencia de género en julio del 2024 pasado, cuando, mientras era embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, su esposa lo denunció por presuntas agresiones físicas durante un viaje a Madrid.

En febrero del 2025, la Corte Suprema llamó a juicio a Benedetti tras acusarlo de tráfico de influencias por hechos ocurridos entre el 2016 y el 2017 que están ligados a contrataciones en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

El ministro fue llamado a indagatoria en julio del 2022 por el caso de Fonade y este fue asumido por la magistrada Lombana, quien recopiló pruebas, entre ellas la declaración de un exasesor de esa entidad en la que advirtió que el político «influyó en el proceso de adjudicación» de un contrato, explicó entonces la Corte. EFE

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