La Asamblea de Estados Partes, órgano de gobierno de la CPI, destituyó el viernes pasado al que era el fiscal jefe.
La Corte Penal Internacional (CPI) afronta una de las etapas más delicadas de su historia, después de destituir a su fiscal jefe por conducta sexual inapropiada, coincidiendo con la amenaza de Estados Unidos de «desmantelar» el tribunal y el anuncio de retirada de varios países miembros, los últimos de ellos Venezuela y Chad.
La convergencia de estos factores plantea interrogantes sobre el futuro del único tribunal permanente encargado de juzgar genocidio, crímenes de guerra, de lesa humanidad y de agresión, precisamente en un momento en que mantiene abiertas investigaciones sobre Ucrania, Palestina, Sudán o Venezuela.
La Asamblea de Estados Partes, órgano de gobierno de la CPI, destituyó el viernes pasado al que era el fiscal jefe, Karim Khan, por acusaciones de conducta sexual inapropiada.
Para la profesora de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Ámsterdam Marieke de Hoon esa decisión era inevitable, aunque «ninguna institución sale fortalecida cuando su fiscal jefe es sospechoso de mantener una relación sexual inapropiada», explica a EFE.
La conducta de Khan «perjudicó a la institución» y lo hacía «no apto para seguir dirigiéndola», aunque, considera, los países miembros gestionaron el proceso «de forma caótica».
El abogado estadounidense de derechos humanos Reed Brody añade que la Asamblea «no tenía otra opción», y señala que «las dos cosas pueden ser ciertas a la vez: Estados Unidos e Israel intentan estrangular la Corte, y el fiscal tuvo un comportamiento que lo descalifica totalmente para el cargo».
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