La Fiscalía puso en evidencia a un grupo de 17 personas externas a la cárcel y a funcionarios del Inpec.

Detrás de los muros del establecimiento penitenciario El Barne, en Cómbita (Boyacá), se habría conformado una red delincuencial dedicada a contactar vía telefónica y extorsionar a ciudadanos de diferencias ciudades del país, en medio de amenazas de muerte y de afectaciones a su patrimonio.

Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación, que puso en evidencia a un grupo de 17 personas externas al penal y a funcionarios del Inpec, que serían los encargados de facilitar el actuar delictivo de algunos privados de la libertad.

«Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los presuntos involucrados cumplían roles diferenciados dentro del esquema criminal: algunos recopilaban datos de las víctimas, como su actividad económica, lugar de residencia e información familiar, y otros los transmitían o se los hacían llegar a los internos», explicó el organismo investigador.

Según la Fiscalía, entre enero y diciembre del 2025 se realizaron desde El Barne numerosas llamadas, en las que reclusos de diferentes pabellones, con agenda en mano, contactaron a víctimas en distintas regiones y, a nombre de estructuras armadas organizadas, hicieron exigencias de giros y consignaciones.

Los señalados de favorecer este actuar ilegal fueron capturados en diligencias realizadas de manera coordinada con la Policía Nacional en Bogotá y municipios de Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander, Caquetá, Valle del Cauca y Boyacá.

Entre los detenidos hay cinco dragoneantes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), identificados como Javier Alexander Hernández Castillo, John Fredy Pineda Rivera, Cristian Mauricio Arcos, Brayan Esteven Salamanca Díaz y Deivis Maryu Forero Gómez.

«Estos funcionarios habrían omitido sus funciones de custodia para permitir el ingreso de teléfonos y otros artículos necesarios para el desarrollo de la actividad delictiva», afirmó el ente acusador.

A las 17 personas, un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó el delito de extorsión, cargo que no fue aceptado.

«Por disposición del juez de control de garantías, el dragoneante Deivis Maryu Forero Gómez deberá cumplir medida de aseguramiento intramural. Los demás seguirán vinculados a la investigación», precisó la Fiscalía.

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