Las recientes elecciones no solo definieron un nuevo rumbo político para el país; también reabrieron un debate que parecía haber perdido fuerza: el futuro de la exploración y explotación de hidrocarburos en Colombia. Durante el ejercicio democrático se pusieron sobre la mesa diversas formas de concebir el país y su futuro. El debate no se limitó a las políticas de seguridad, también despertó preocupación por la posibilidad de reactivar proyectos extractivos, los cuales se presentan como una alternativa para impulsar la economía.

Sin embargo, hablar únicamente de crecimiento económico deja abiertas preguntas que trascienden los balances fiscales. Por lo mismo, la actividad minera, en particular la exploración y explotación de hidrocarburos, ocupa actualmente un lugar prioritario en la agenda del Gobierno electo. En ese contexto, el propósito institucional es concentrar esfuerzos para impulsar este sector y recuperar los niveles de rendimiento y de aporte económico que históricamente ha generado para el Estado. No obstante, este objetivo resulta debatible, especialmente al considerar si dichos recursos se han reflejado realmente en inversión social y ambiental.

Fue así como surgieron numerosas reflexiones para quienes entienden que la Tierra es mucho más que una fuente de recursos. Es nuestro hogar compartido, nuestra “casa común,” como la llamó en su momento el Papa Francisco en su encíclica ‘Laudato Si’. Desde esa perspectiva, resulta inevitable preguntarnos si: ¿es más valioso poner en riesgo ecosistemas estratégicos para la subsistencia humana o fortalecer economías de corto plazo?

Ese debate no ha sido exclusivo de los escenarios políticos. Diversos analistas y ambientalistas también han insistido en la necesidad de replantear la forma en que el país aborda la transición energética. En esa línea, Lida González, en su columna de opinión Huellas Ambientales, plantea una reflexión con respecto a la transición energética la cual debe sustentarse en la «pedagogía técnica, los datos reales y el realismo económico».

No obstante, tampoco puede desconocerse que la explotación petrolera ha dejado innumerables consecuencias ambientales y sociales. Aunque hoy se promueva bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad, como lo ha planteado, la realidad demuestra que, por más rigurosos que sean los estándares aplicados, esta actividad continúa representando una amenaza latente para los ecosistemas y las comunidades ubicadas en las zonas de influencia de los proyectos.

Si existen dudas al respecto, basta con visitar Puerto Gaitán, Meta, y preguntar por la huella ambiental que dejó la mega operación de Pacific Rubiales. La intensa actividad extractiva no solo generó afectaciones sobre fuentes hídricas y riesgos asociados a la sismicidad, sino que también dejó una población que nunca vio materializadas las promesas de desarrollo que acompañaron la llegada del gigante petrolero. Al final, para muchos habitantes, aquellas promesas terminaron siendo poco más que un abrazo al aire.

Hace unos días se conoció la denuncia formulada por el representante a la Cámara Jaime Raúl Salamanca, quien advirtió sobre la existencia de una licencia ambiental para la exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca del lago de Tota. No podemos olvidar que este lago, el más grande de Colombia y uno de los más importantes de Suramérica, ha sido fundamental para garantizar el abastecimiento de agua en gran parte del oriente boyacense durante las épocas de sequía.

La noticia plantea serios interrogantes. El principal es inevitable: ¿la reactivación de esta política extractiva pondrá en riesgo santuarios de fauna y flora tan valiosos como los que alberga Boyacá? Si se atiende a las líneas trazadas en el plan de gobierno, esa posibilidad no puede descartarse. Por ello, estamos llamados a defender aquello que verdaderamente sostiene la vida: el agua. Con frecuencia, el debate se concentra en las promesas de crecimiento económico; sin embargo, ese desarrollo no siempre se refleja en una mejor calidad de vida para las comunidades. La experiencia de distintas regiones del país demuestra que la riqueza petrolera no necesariamente se traduce en bienestar, mientras que la pérdida de los recursos hídricos suele dejar consecuencias difíciles, cuando no imposibles, de revertir.

Ese escenario adquiere una dimensión aún más preocupante si se considera la técnica extractiva que eventualmente podría emplearse: el fracking o fraccionamiento hidráulico, considerado por la industria como uno de los métodos más eficaces para maximizar la extracción de hidrocarburos. Sin embargo, también es una de las técnicas más controvertidas debido a los serios impactos ambientales que numerosos estudios científicos han documentado ampliamente. En ese sentido, la evidencia disponible desvirtúa la idea de que se trate de una simple obra civil o de una actividad susceptible de desarrollarse de forma sostenible.

Por eso, la verdadera discusión no es cuánto petróleo puede extraer Colombia, sino qué estamos dispuestos a poner en riesgo para lograrlo. Si un ecosistema estratégico como el lago de Tota entra en esa ecuación, el debate deja de ser económico y pasa a ser una decisión sobre la protección del agua y el futuro de toda una región.

La entrada El lago de Tota: un ecosistema que no debe competir con el petróleo – #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.