Uno de los primeros recuerdos que tengo de la universidad es la observación de un profesor que, con cierta altivez, señalaba que mientras en Europa se reconstruían los andenes para que cualquier persona pudiera transitar por ellos sin obstáculo, en Colombia celebrábamos cada reparcheo como si fuera la obra maestra de un “gran arquitecto”.
En su momento aquel comentario me sonó totalmente desconectado con la realidad de un país que debe repartir recursos escasos entre necesidades que compiten entre sí. Hoy, sin embargo, sospecho que no estaba tan equivocado.
Hace poco volví a tropezarme con el tema, pero esta vez desde la otra orilla: la del ciudadano que no discute la teoría, sino que la sufre a diario, obligado a caminar por la calzada expuesto a los carros porque el andén frente a su casa simplemente no existe o es intransitable. Y, sin embargo, la norma existe: la Ley 361 de 1997 y su decreto reglamentario, el 1538 de 2005, obligan a que los andenes sean continuos, a nivel y libres de barreras físicas, y ordenan a los municipios a formular planes de adaptación del espacio público. Entre lo que la ley ordena y lo que el ciudadano camina hay una distancia de treinta años: esa obligación sigue siendo, en la mayoría de nuestras ciudades, letra muerta.
Sin embargo, esta situación no es abstracta, tiene nombre y rostro cada vez que alguien intenta cruzar la ciudad en condiciones distintas a las de un peatón promedio. ¿Acaso una persona en silla de ruedas o una familia que empuja un coche no tienen el mismo derecho a transitar con seguridad que quien camina sin dificultad? La respuesta parece obvia en el papel, pero se desvanece apenas uno pisa un andén de Tunja, de Sogamoso o de cualquier municipio boyacense donde el espacio público quedó relegado a un anexo decorativo del plan de ordenamiento.
Y es ahí donde el argumento se invierte: garantizar que todos puedan transitar dignamente por la ciudad no debería ser la meta final del urbanismo, sino su punto de partida. No hay ejercicio pleno de otros derechos, a la salud, a la educación, al trabajo, si antes no está resuelto el problema elemental de moverse por la calle sin arriesgar la vida.
Las administraciones que hoy intervienen sus mallas viales tienen ante sí una oportunidad que no volverá pronto. Cada intervención que se hace sin resolver el andén es una obra que envejece dos veces: una cuando el asfalto se desgasta, y otra, más lenta pero más grave, cuando queda claro que ni siquiera se pensó en quién iba a transitar sobre él. Postergar esa decisión no es prudencia fiscal; es, sencillamente, seguir construyendo ciudades a medias.
La entrada El derecho al andén – #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.
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