En Colombia solemos convertir cualquier controversia política en una comparación inmediata. Basta con que una situación recuerde a otra para que las redes sociales dicten sentencia: «es exactamente lo mismo» o «no tiene nada que ver». El reciente debate alrededor de Jerome Sanabria y las constantes referencias al caso de Juliana Guerrero son un ejemplo de esa tendencia.

La comparación, sin embargo, merece un análisis más cuidadoso. Existen similitudes evidentes, pero también diferencias sustanciales que no deberían ignorarse si el propósito es discutir seriamente sobre meritocracia y acceso a los espacios de decisión pública.

La primera similitud es la más evidente: ambas son mujeres jóvenes que irrumpieron en el escenario político nacional de la mano de un proyecto político. Juliana Guerrero fue presentada como una figura emergente dentro del Gobierno de Gustavo Petro, mientras que Jerome Sanabria ha adquirido notoriedad como integrante del comité de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella. En ambos casos, su juventud dejó de ser un simple dato biográfico para convertirse en el centro del debate público.

También comparten un segundo elemento: la discusión sobre la meritocracia. Tanto Juliana como Jerome despertaron preguntas legítimas sobre si la experiencia profesional debe ser un requisito indispensable para asumir responsabilidades de alto nivel o si, por el contrario, es válido abrir espacios a nuevas generaciones con liderazgo político, formación académica y capacidad de aprendizaje. Esta es una discusión sana para cualquier democracia, pues obliga a reflexionar sobre el equilibrio entre renovación y experiencia en el ejercicio del poder.

Existe, además, una tercera coincidencia: ambos casos han sido utilizados como herramientas de confrontación política. Quienes defendieron a Juliana hoy cuestionan a Jerome; quienes criticaron a Juliana ahora respaldan a Jerome. En muchos casos, el argumento parece depender menos de los hechos que de la afinidad política de quien opina. La meritocracia termina siendo invocada selectivamente, según quién haga el nombramiento.

Pero ahí es donde terminan las similitudes.

Las diferencias comienzan por la naturaleza misma de los cargos. Juliana Guerrero fue propuesta para ocupar un cargo dentro de la estructura formal del Estado, sujeto al cumplimiento de requisitos legales específicos en materia de formación y experiencia. Jerome Sanabria, por el contrario, integra —según la información pública disponible— un comité de empalme de carácter transitorio y ad honorem, cuya función consiste en apoyar el proceso de transición gubernamental y no en ejercer un empleo público permanente.

La segunda diferencia es aún más importante. El caso de Juliana dejó de ser una controversia política para convertirse en un asunto jurídico. Las investigaciones se centraron en la presunta expedición irregular de su título profesional y en el posible uso de ese documento para acreditar requisitos de acceso al servicio público. Es decir, la discusión trascendió la valoración sobre su capacidad personal y pasó al terreno del cumplimiento de la ley.

En el caso de Jerome, hasta ahora el debate se mantiene en el plano político. No existen investigaciones conocidas relacionadas con irregularidades académicas, falsedad documental o incumplimiento de requisitos legales. Las críticas se concentran en si posee la experiencia suficiente para integrar un equipo de empalme, una valoración que pertenece más al ámbito de la conveniencia política que al del derecho.

Esta diferencia no es menor. Confundir una discusión sobre idoneidad política con un proceso por presuntas irregularidades legales conduce a comparaciones imprecisas que terminan empobreciendo el debate público.

Sin embargo, ambos episodios dejan una lección común. Colombia necesita discutir con mayor profundidad qué entiende por mérito en el servicio público. La experiencia es importante, pero también lo son la capacidad técnica, la formación, el liderazgo y la posibilidad de que nuevas generaciones accedan a espacios de decisión. Una democracia que solo confía en los mismos perfiles termina estancándose; una que prescinde completamente de la experiencia corre el riesgo de debilitar sus instituciones.

La verdadera coherencia consiste en aplicar los mismos principios independientemente del color político del gobierno de turno. Si se exige meritocracia, debe exigirse siempre. Si se defiende la participación de los jóvenes, esa defensa también debe ser consistente, sin importar quién los nombre. Y si existen presuntas irregularidades legales, estas deben investigarse con el mismo rigor, sin convertirlas en simples argumentos de conveniencia política.

Quizá la mayor enseñanza de los casos de Juliana Guerrero y Jerome Sanabria no sea determinar quién tiene razón en una disputa partidista, sino recordar que la credibilidad de las instituciones depende de que el mérito, la transparencia y el respeto por las reglas sean principios permanentes, y no argumentos que cambian según quién ocupe el poder.

La entrada Dos historias, dos debates: Juliana Guerrero y Jerome Sanabria – #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.