La Alta Corte ratifica la prevalencia del derecho fundamental a la salud de los niños, niñas y adolescentes frente a la negativa de sus padres a aplicarles las vacunas del esquema oficial, al emitir la Sentencia T-108 de 2026.

El pronunciamiento de la Corte Constitucional establece que el interés superior de los menores de edad se impone sobre decisiones parentales que puedan poner en riesgo su vida, salud o desarrollo integral. “Derechos como la libertad de conciencia y el libre desarrollo de la personalidad encuentran límites cuando su ejercicio pone en riesgo derechos fundamentales como el de la salud que son prevalentes de todos los niños, niñas y adolescentes, considerada prevalente en el orden constitucional colombiano”, indica la Corte en la sentencia.

El Ministerio de Salud destacó que esta sentencia fortalece las acciones adoptadas por los gobiernos nacionales, territoriales y locales, particularmente en contextos epidemiológicos como la reciente emergencia por fiebre amarilla, frente a la cual se emitieron directrices para reforzar la vacunación en todo el territorio.

En su análisis, la Corte Constitucional subrayó que el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) es una política pública permanente, sustentada en evidencia científica sólida, orientada no solo a proteger individualmente a los niños, sino también a garantizar la inmunidad colectiva. El fallo reconoce la vacunación como una de las estrategias más efectivas para prevenir enfermedades transmisibles, reducir hospitalizaciones y disminuir la mortalidad infantil.

Colombia cuenta actualmente con uno de los esquemas de vacunación más completos y gratuitos de la región, que protege contra enfermedades como sarampión, poliomielitis, difteria, tos ferina, hepatitis, neumonía, rotavirus y fiebre amarilla, entre otras. Avance que, en palabras del Ministerio, “ha permitido evitar brotes epidémicos y salvar millones de vidas durante las últimas décadas”.

Otro punto sobresaliente de la Sentencia tiene relación con la actuación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). La Corte determinó que la apertura de procesos de verificación de derechos cuando los padres se niegan a vacunar a sus hijos no constituye una vulneración de sus derechos, sino una medida legítima y necesaria para proteger a los menores.

La Corte Constitucional también advirtió que la disminución en las coberturas de vacunación puede favorecer la reaparición de enfermedades ya controladas y poner en riesgo a poblaciones vulnerables.

Finalmente, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso de fortalecer las estrategias de información, pedagogía y sensibilización sobre la seguridad y eficacia de las vacunas, así como de continuar desarrollando jornadas y acciones territoriales que garanticen el acceso oportuno a la inmunización en todo el país.

Con esta decisión, la Corte Constitucional refuerza el marco jurídico que respalda la vacunación infantil como una prioridad de salud pública y una garantía esencial para el bienestar de la niñez colombiana.

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