Según la Contraloría, ese volumen de contratos supera en un 22,5 % los firmados para la misma época hace cuatro años, durante el Gobierno de Iván Duque.

La Contraloría General de Colombia advirtió este lunes sobre el alto volumen de contratos suscritos en la recta final del Gobierno del presidente Gustavo Petro, muchos de ellos sin cumplir los requisitos, porque considera que comprometen la sostenibilidad fiscal del país.

Según esta entidad, que es el máximo órgano de control fiscal del Estado, desde que terminó la Ley de Garantías, tras la segunda vuelta las elecciones presidenciales, celebradas el 21 de junio, «se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos (unos 1.400 millones de dólares)».

Ese volumen de contratos supera en un 22,5 % los firmados para la misma época hace cuatro años, durante el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), manifestó la Contraloría en un comunicado.

«Llama la atención la contratación directa que supera los 11.000 contratos en estas últimas cuatro semanas», señaló la entidad, que recuerda que «el Gobierno enfrenta presiones de caja, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación«, por lo cualquier contrato debe estar respaldado por el presupuesto.

Para la Contraloría, adoptar «nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y capacidad fiscal suficiente profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno Nacional, compromete el equilibrio del presupuesto, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público«.

Entre las entidades que corren mayores riesgos en ese sentido por hacer contratos sin el respaldo financiero están al Ministerio del Interior y a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), agrega el informe, que hizo un seguimiento a los contratos firmados entre el 22 de junio y el 21 de julio.

«El informe muestra una intensa dinámica contractual durante el periodo analizado, caracterizada por una alta concentración de recursos en contratos de obra pública y de prestación de servicios«, indicó la Contraloría.

En sus análisis, la entidad identificó «siete factores de riesgo«, entre ellos insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía, crecimiento de la contratación directa y concentración contractual.

Esos factores «requieren seguimiento permanente debido a su potencial incidencia en la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del gasto público«, agregó.

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