Tres congresistas, una exsenadora y un alcalde boyacenses están en entredicho ante la justicia. Se les señala —incluso ya hay una condena en primera instancia— de haber actuado por fuera de la ley y se les cuestiona su presunta conducta dolosa mientras ejercían cargos públicos.

En esa condición se encuentran el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés, la excongresista y exconsejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, el representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, el representante Wilmer Yair Castellanos Hernández y el alcalde de Villa de Leyva, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro.

En marzo de este año el congresista Ciro Ramírez Cortés fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a 23 años y tres meses de prisión, por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos.

Según la sentencia del alto tribunal, el senador fue hallado culpable de desviar cerca de 90.000 millones de pesos para la contratación de obras públicas en cinco departamentos, dentro del caso conocido como ‘Marionetas’.

 Además de la privación de la libertad, el alto tribunal lo inhabilitó para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 280 meses y 20 días y le impuso una multa de 22.340 millones de pesos. Ramírez Cortés, quien estuvo recluido en la cárcel La Picota durante 16 meses por este caso, apeló la sentencia, es decir que la decisión no se encuentra en firme.

Sandra Liliana Ortiz Nova, quien se encuentra privada de la libertad desde hace 508 días, enfrenta cargos por los presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, dentro del caso de corrupción en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Según la Fiscalía, Ortiz le habría entregado 3.000 millones de pesos al congresista Iván Name Vásquez, quien en ese momento fungía como presidente del Congreso de la República, con lo que se habría materializado un concurso de conductas punibles que la someterían a la pena más grave, esto es el lavado de activos, que contempla la pena más alta.

Los 3.000 millones de pesos los habría recibido Sandra de los exdirectivos de la Ungrd Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez. A comienzos de abril de este año, la exconsejera presidencial para las regiones, durante una audiencia virtual en la que solicitó su libertad, anunció que contará toda la verdad del escándalo por corrupción en la (Ungrd).

“¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad. Se lo digo a las víctimas: vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas?”, dijo Sandra Ortiz.

El representante a la Cámara Pedro José Suárez Vacca, del Pacto Histórico, se encuentra en un proceso de juzgamiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, que lo llevó a estas instancias por el presunto delito de prevaricato por acción agravado y continuado.

De acuerdo con la investigación, Suárez Vacca habría recibido 35 millones de pesos del condenado Lelio Nevardo Ávila Santana, quien al pagar ese soborno buscaba asegurar la concesión del beneficio de prisión domiciliaria, pese a que Ávila Santana cumplía una condena por delitos de alta gravedad, como tráfico de estupefacientes y secuestro.

Aunque Suárez Vacca ha dicho que nada tiene que ver con hechos ilegales, tanto la Procuraduría General de la Nación como la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) le solicitaron a la Corte Suprema de Justicia condenar al congresista.

La apoderada de la DEAJ afirmó que, la decisión adoptada por Pedro José Suárez Vacca contradijo de manera directa, clara e inequívoca el texto legal aplicable y que esto bajo el estándar fijado por la Corte Suprema de Justicia implica que no se está ante un error judicial o una interpretación discutible.

 Agregó que, la decisión del procesado fue manifiestamente contraria a la ley y que su actuar fue doloso por cuanto conocía la existencia de esa prohibición legal, expresa, y omitió valorar adecuadamente los antecedentes penales del condenado y que esa información él la tenía disponible.

En tanto, el Ministerio Público expuso las pruebas que, a su juicio, demostrarían que Suárez Vacca emitió decisiones contrarias a la ley cuando era juez en Tunja, al otorgar beneficios al recluso Lelio Nevardo Ávila, condenado a 17 años de prisión por narcotráfico y secuestro.

El congresista Wilmer Castellanos, del Partido Alianza Verde, aparece mencionado en un expediente de la Corte Suprema de Justicia, en un caso en el que el alto tribunal busca establecer si desde el Ministerio de Hacienda se habría ordenado la entrega de más de 60 contratos para comprar el respaldo de los congresistas frente a las iniciativas del Gobierno Petro en el Legislativo.

“En el expediente, de más de 5.000 folios, que recopila las indagaciones entre el 14 de marzo y el primero de diciembre del 2025, está detallado cada uno de los contratos y reposan evidencias como chats, videos, tablas de asignación de cupos, seguimiento a cada uno de ellos y los nombres de los congresistas que, presuntamente, se habrían beneficiado de la contratación”, reveló la revista Semana en un artículo.

Finalmente, esta semana el municipio de Villa de Leya fue noticia nacional por cuenta de la captura de su alcalde, Víctor Alfonso Gamboa Chaparro, a quien trasladaron inmediatamente hasta el búnker de la Fiscalía en Bogotá, donde permanece detenido.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó a Gamboa los delitos de concusión y prevaricato por acción, cargos que no fueron aceptados por el alcalde. La diligencia judicial fue suspendida y continuará el próximo martes 12 de mayo, cuando el ente acusador solicitará una medida de aseguramiento.

De acuerdo con la Fiscalía, Gamboa Chaparro estaría presuntamente involucrado en exigencias ilícitas para facilitar la expedición de un permiso urbanístico requerido para avanzar en un proyecto de construcción en el municipio. “Dichas coimas superarían los 400 millones de pesos”.

Partiendo de la presunción de inocencia, cabe preguntar por qué estos cinco políticos boyacenses están implicados en asuntos con la justicia: ¿será un tema de ingenuidad de parte de ellos? o, acaso, ¿de mala suerte?

¿O se tratará de una persecución de la justicia contra la clase política boyacense? Lo cierto es que lo que se ventila en los estrados genera desconfianza entre los boyacenses hacia quienes hoy están siendo cuestionados por la Fiscalía, los jueces o los magistrados.

Será la justicia la encargada de demostrar la inocencia o culpabilidad de los involucrados en estos procesos, pero no dejan de ser preocupantes los señalamientos a personas a quienes la ciudadanía de Boyacá les entregó su confianza en las urnas.

¿Estaremos ante una epidemia de corrupción?

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