En toda democracia seria, los debates presidenciales no son un simple ritual de campaña ni una puesta en escena para los medios. Son uno de los pocos espacios donde un candidato debe enfrentar algo más exigente que una plaza pública o una entrevista amable: la confrontación directa de ideas.

Allí no basta con repetir consignas; allí se mide la capacidad de argumentar, de responder, de escuchar y de demostrar por qué alguien merece conducir un país.

En un momento político como el que vive Colombia, marcado por la polarización, la desconfianza institucional y el cansancio ciudadano frente a la política tradicional, los debates deberían ser vistos como una obligación democrática mínima. No se trata de un favor que el candidato le hace al país; se trata de un deber con los votantes que merecen comparar propuestas antes de depositar su confianza en las urnas.

Por eso resulta inquietante la postura de Iván Cepeda frente a estos escenarios. Su resistencia a asistir a varios debates presidenciales ha despertado críticas dentro y fuera del escenario político, precisamente porque muchos interpretan esa ausencia como una negativa a someterse al escrutinio público.

Aunque desde su campaña se argumenta que algunos formatos no ofrecen garantías o que ciertos encuentros privilegian el espectáculo sobre la discusión de fondo, la percepción ciudadana es otra: quien aspira a gobernar no debería escoger únicamente los escenarios donde se siente cómodo.

Sin embargo, la discusión adquiere una dimensión aún más delicada cuando se recuerda que el propio Cepeda, en el pasado, cuestionó con dureza al entonces candidato Rodolfo Hernández por negarse a participar en debates presidenciales.

En 2022 sostenía que la ausencia de un aspirante en esos espacios debilitaba la democracia y ponía en evidencia la falta de disposición para confrontar ideas públicamente. Hoy, esa misma conducta que antes señalaba parece haberse convertido en una estrategia aceptable cuando quien decide no asistir es él mismo.

Y allí aparece un problema político más profundo que la simple ausencia a un evento televisado: la incoherencia. Porque en política no solo pesan las ideas; también pesa la consistencia moral con la que se defienden.

Resulta difícil no preguntarse por qué antes era legítimo criticar a Rodolfo Hernández por no debatir, pero ahora se pretende justificar exactamente la misma conducta bajo un argumento distinto. Lo que antes se presentaba como una falta de respeto al electorado hoy parece querer convertirse en una decisión estratégica perfectamente válida.

La democracia no puede funcionar con principios que cambian según quién los ejerza. Si no asistir a debates era reprochable cuando lo hacía un adversario político, también debería serlo cuando lo hace un candidato propio. De lo contrario, el debate deja de ser un asunto de convicciones y se convierte simplemente en un ejercicio de conveniencia.

Un candidato presidencial puede evitar un debate. Lo que no puede evitar son las preguntas que esa ausencia deja en el país. Porque a veces no es el silencio lo que más habla de un político, sino la contradicción que deja cuando decide callar.

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