A 15 días de las elecciones presidenciales, en medio de discursos cada vez más agresivos, polarización extrema y un peligroso avance de narrativas que relativizan, niegan o instrumentalizan el dolor de las víctimas del conflicto armado. En tiempos donde algunos pretenden reducir la tragedia nacional a una disputa ideológica o a una estrategia electoral, defender la memoria histórica se convierte en una obligación democrática. No deja de ser alarmante que, mientras el país intenta comprender más de ochenta años de violencia política y conflicto armado interno, sectores de la vida pública insistan en minimizar responsabilidades históricas, banalizar las masacres, justificar la barbarie o invisibilizar a millones de víctimas. El negacionismo no siempre aparece de manera explícita. A veces se manifiesta en formas más sofisticadas: silenciando ciertos relatos, descalificando investigaciones, atacando instituciones de memoria, caricaturizando a las víctimas o reduciendo la complejidad del conflicto a simples consignas electorales. Gloria Gaitán utiliza un concepto al que tendríamos la obligación de explorar más: memoricidio.

En Colombia, invisibilizar a las víctimas ha sido históricamente una forma de violencia. Durante décadas, miles de campesinos desplazados, mujeres violentadas, líderes asesinados, comunidades indígenas arrasadas, sindicalistas exterminados, niños reclutados y familias desaparecidas quedaron confinados al silencio. El país urbano muchas veces miró hacia otro lado mientras regiones enteras sobrevivían al horror. Por eso la memoria histórica no puede entenderse únicamente como un ejercicio académico o cultural; es una disputa ética sobre el lugar que ocupan las víctimas en la nación. Cada vez que se niega el conflicto armado, cada vez que se ridiculiza el sufrimiento de las víctimas o se desprecian sus luchas por verdad y justicia, se profundiza la fractura moral del país.

Resulta profundamente preocupante que en pleno debate electoral algunos sectores utilicen el lenguaje de la “memoria selectiva” para desacreditar cualquier esfuerzo serio por comprender las causas estructurales de la violencia. Pareciera que para ciertos liderazgos políticos preguntar por los orígenes del conflicto, las desigualdades históricas, la exclusión política o las responsabilidades compartidas fuese un acto subversivo y no una necesidad democrática. Pero un país que renuncia a comprender por qué llegó a la guerra está condenado a repetirla bajo nuevas formas. No se trata de imponer una verdad oficial ni de construir relatos partidistas, como irresponsablemente algunos afirman. Se trata de garantizar que el país no vuelva a caer en la tentación de borrar el dolor de millones de personas para acomodar narrativas políticas convenientes.

El trabajo de la memoria incomoda precisamente porque obliga a mirar aquello que muchos preferirían ocultar: las responsabilidades del poder, la persistencia de las desigualdades, la naturalización de la violencia y las múltiples formas de exclusión que hicieron posible el conflicto armado. Y es allí donde aparece el verdadero sentido democrático de la memoria histórica. La memoria no existe para alimentar odios eternos ni para convertir a las víctimas en prisioneras del pasado. Existe para impedir la repetición. Existe para que las nuevas generaciones comprendan el costo humano de la violencia política.

Existe para recordar que detrás de cada cifra hubo vidas concretas, proyectos truncados, comunidades destruidas y sueños arrasados. Sin memoria, las víctimas terminan convertidas en estadísticas frías o en simples recursos discursivos de campaña. La tragedia colombiana no comenzó con una elección ni terminará con otra. Pero sí debemos preguntarnos qué tipo de sociedad estamos construyendo cuando los discursos públicos empiezan a normalizar nuevamente el odio, la estigmatización y la negación del otro. Porque el deterioro democrático comienza justamente cuando una sociedad pierde la capacidad de reconocer el sufrimiento ajeno.

En medio del ruido electoral, Colombia necesita más memoria y no menos. Necesita más escucha y menos propaganda. Más verdad y menos manipulación emocional. Más reconocimiento de las víctimas y menos utilización política de su dolor. Las víctimas no pueden seguir siendo visibles únicamente en las ceremonias oficiales, en las fechas conmemorativas o en los discursos institucionales. Su lugar debe estar en el centro de la reflexión nacional sobre el futuro del país. Defender la memoria histórica hoy es defender la democracia misma. Porque una nación incapaz de recordar termina siendo incapaz de proteger la vida. Y porque en Colombia, donde tantas veces se intentó borrar el sufrimiento colectivo bajo el peso del miedo o la indiferencia, recordar sigue siendo un acto profundamente político, ético y humano.

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