La empresa Pollos El Dorado aseguró que la protesta ha impedido el traslado de los animales, suscitando la muerte de miles de aves.

Los inconvenientes entre habitantes de la zona rural de Moniquirá y la empresa Pollos El Dorado, ubicada en la vereda Monjas, continúa sin una salida concertada. Tras una mesa de diálogo con presencia de funcionarios del Ministerio de Ambiente, las partes no lograron acuerdos, por lo que la protesta y el bloqueo en inmediaciones de la granja La Vega se mantienen.

José Agudelo, vocero de la comunidad, aseguró que las familias afectadas solicitaron la suspensión temporal de las operaciones de la granja durante seis meses, con el fin de que las autoridades verifiquen si la actividad avícola es la causante de la proliferación de moscas, malos olores y problemas de salud denunciados.

“No hubo voluntad por parte de Pollos El Dorado, dijeron que ellos iban a continuar produciendo y que cuando el juez determinara que debían suspender la actividad pues la suspendían. O sea, se evidenció la situación que estamos viviendo y, aun así, con esa soberbia que lo dicen, como que nosotros somos los del músculo financiero y no nos interesan ustedes”, aseguró Agudelo.

El líder social también manifestó preocupación por la ausencia de instrumentos como un plan de manejo ambiental y un plan de contingencia, además de posibles incumplimientos relacionados con la ubicación de los galpones frente a la ribera del río. Asimismo, denunció que ha recibido amenazas y confirmó que el Ministerio de Ambiente solicitó medidas de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).

¿Qué responde la empresa?

Por su parte, Fabio Domínguez, gerente de Pollos El Dorado, rechazó las acusaciones y calificó el bloqueo como una acción ilegal que ha generado graves consecuencias operativas y sanitarias. Sostuvo que la granja La Vega cumple con todas las exigencias legales y no registra sanciones por parte de ninguna autoridad ambiental o sanitaria.

“Los delegados de Minambiente estuvieron mirando perimetralmente la granja e ingresaron, observaron que no hay nada irregular, nada que genere un olor diferente a lo que naturalmente huele una granja avícola. Ahora, la granja nuestra, como todas, está legalmente constituida, está con el uso del suelo específico para la industria y cumplimos con todos los requerimientos”, dijo el directivo.

Domínguez aseguró que el bloqueo ha impedido el traslado de cerca de 140.000 aves hacia sus destinos de comercialización, lo que ha provocado hacinamiento y una inminente mortalidad dentro de la granja. La situación obligó a la compañía a activar protocolos de emergencia para la disposición sanitaria de las aves que deberán ser sacrificadas.

“Esto está generando una serie de problemáticas que van contra el bienestar del pollo por más que estemos haciendo el manejo que creemos adecuado. El pollo sigue creciendo, adquiriendo peso y, por supuesto, el espacio en la granja no alcanza. (…) Estoy sacando los permisos correspondientes y consiguiendo una retroexcavadora para hacer un hueco y allí depositar los animales muertos”, dijo Domínguez.

Acciones legales y llamado a las autoridades

La compañía confirmó que ya interpuso acciones legales por presuntos delitos como injuria, calumnia y hostigamiento, al tiempo que solicitó la intervención inmediata de las autoridades municipales y departamentales para garantizar la libre operación de la granja.

Además, precisó que aceptará cualquier decisión judicial que se derive de la acción popular presentada por la comunidad en semanas anteriores, pero insistió en que las controversias deben resolverse por las vías legales y no mediante bloqueos. La granja La Vega tiene capacidad para alojar hasta 170.000 aves y constituye una pieza clave dentro del esquema productivo de la compañía.

«Más allá del impacto económico, nos preocupa el bienestar animal, la salud pública y el derecho al trabajo de nuestros colaboradores», concluyó el gerente.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

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