La segunda vuelta de elecciones presidenciales no representa una simple transición de mandato: significa la elección entre la supervivencia del sector minero o la profundización de un modelo que ha pretendido dejar la riqueza bajo tierra. Para el sector minero, un motor que genera más de 250.000 empleos directos y cerca de un millón de indirectos, por esa razón la neutralidad y la desunión ya no son una opción legítima.
A pesar de las narrativas que han intentado estigmatizar y marchitar los proyectos extractivos en los últimos años, la realidad técnica y social es inocultable. Según los datos de la reciente encuesta Brújula Minera 2026, el 75 % de los colombianos reconoce que la minería es positiva para el país, una cifra que asciende al 76 % en los municipios productores.
Sin embargo, el sector enfrenta un deterioro estructural debido a las decisiones políticas recientes. Nuestra participación en el PIB ha venido cediendo terreno y el valor agregado se mantiene significativamente por debajo de los niveles prepandemia. Esta contracción no responde a una falta de recursos geológicos ni a la ausencia de mercados globales competitivos; responde, pura y duramente, a la falta de voluntad política y a la asfixia regulatoria intencionada.
La elección en esta segunda vuelta presidencial define el rumbo de la política pública minero-energética para la próxima década y requiere de nuestra coherente unidad de gremio, para restablecer la confianza inversionista mediante reglas claras, licencias ambientales basadas en criterios técnico-científicos (no ideológicos) y el respeto irrestricto a los contratos vigentes.
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