Un fallo judicial analizó el deterioro estructural del plantel y las responsabilidades del Municipio de Chiquinquirá y la Gobernación de Boyacá.
El Juzgado Once Administrativo Oral del Circuito de Tunja falló a favor de la comunidad educativa de la Institución Educativa Técnico Comercial Sagrado Corazón de Jesús de Chiquinquirá, al encontrar vulnerados varios derechos colectivos debido al grave deterioro de la infraestructura en sus sedes Central y Antonia Santos.
La decisión se produjo tras una acción popular interpuesta por los ciudadanos Carlos Ernesto Fajardo Castiblanco y Néstor Octavio Zambrano Barragán, quienes alertaron sobre el avanzado deterioro de los techos de la capilla y el auditorio principal de la sede central, así como sobre el deterioro en las tejas, el saneamiento básico y el suministro de agua potable en la sede Antonia Santos.
Durante el trámite judicial, el despacho determinó que existía una amenaza real e inminente para la seguridad y la integridad de aproximadamente 1.600 estudiantes, así como docentes y demás comunidad educativa, razón por la cual, desde enero del 2025, había decretado medidas cautelares para restringir el acceso a las áreas más comprometidas, especialmente el auditorio, el aula de informática y otros espacios.
En el proceso, tanto la Gobernación de Boyacá como la Alcaldía de Chiquinquirá expusieron sus argumentos sobre sus competencias administrativas en materia de infraestructura educativa. Sin embargo, el juez se centró en la necesidad de adoptar medidas más oportunas para garantizar la seguridad de la comunidad escolar y preservar el derecho a una educación en condiciones dignas.
“El Despacho concluye que en efecto se presenta una vulneración a los derechos e intereses colectivos (…) por lo que habrá lugar a su amparo, toda vez que como quedó demostrado en el curso del presente medio de control, a la fecha no se ha realizado de forma técnica e integral el mantenimiento y rehabilitación adecuada”, se lee.
En ese sentido, ordenó a la Alcaldía realizar en tres meses labores de mantenimiento, control sanitario, reparación de cubiertas y restricción de zonas de riesgo. Por su parte, la Gobernación tendrá que culminar estudios técnicos, formular el proyecto de reforzamiento estructural y garantizar la financiación de las obras.
El fallo también creó un comité de verificación para supervisar el cumplimiento de las órdenes y advirtió sanciones en caso de incumplimiento. Además, condenó en costas al municipio y al departamento de Boyacá.
Redactora de Boyacá Sie7e Días
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