A medida que se acerca la elección presidencial de 2026, el debate político colombiano parece atrapado entre dos temores opuestos. Para algunos, una eventual llegada de Abelardo de la Espriella a la Casa de Nariño convertiría al país en una mezcla entre la Argentina de Milei, El Salvador de Bukele y los Estados Unidos de Trump. Para otros, un eventual triunfo de Iván Cepeda consolidaría el proyecto político del petrismo y abriría la puerta a una profundización de las transformaciones impulsadas por Gustavo Petro.

Ambas visiones tienen un problema: sobreestiman el poder que realmente tiene un presidente en Colombia.

Es cierto que Abelardo de la Espriella ha planteado propuestas que recuerdan al discurso de Javier Milei. La reducción del tamaño del Estado, la eliminación o fusión de ministerios, la racionalización del gasto público y la crítica a la burocracia son banderas que conectan con una visión liberal de la administración pública. También es cierto que su discurso en materia de seguridad y autoridad evoca elementos del fenómeno Bukele, mientras que su estilo confrontacional y mediático encuentra paralelos con Donald Trump.

Quienes creen que un eventual gobierno de Abelardo podría transformar el país a golpe de decretos olvidan que gran parte de la estructura estatal colombiana está protegida por leyes que requieren aprobación del Congreso para ser modificadas. Los ministerios no desaparecen por voluntad presidencial. Las reformas estructurales necesitan mayorías legislativas. Las decisiones del Ejecutivo están sujetas al control de las altas cortes. Los organismos de control tienen autonomía. Los gobernadores y alcaldes cuentan con poder político propio. En otras palabras, el sistema está diseñado para que nadie gobierne solo.

Paradójicamente, la mejor demostración de esa realidad la ofreció el propio Gustavo Petro.

Durante años, tanto sus partidarios como sus detractores describieron a Colombia como un país marcado por un presidencialismo excesivo. Sin embargo, una vez en el poder, Petro descubrió que la Presidencia está lejos de ser una institución omnipotente.

Varias de sus principales reformas encontraron resistencia en el Congreso. Algunas decisiones fueron revisadas por las cortes. Las negociaciones políticas se volvieron inevitables. La gobernabilidad dependió constantemente de acuerdos con actores que no compartían plenamente su visión de país.

La experiencia dejó una enseñanza fundamental: en Colombia, llegar a la Presidencia no significa controlar el Estado.

Por eso resulta llamativo que algunos sectores crean que Iván Cepeda tendría la capacidad de culminar sin obstáculos el proyecto político del petrismo. Si Petro, el principal líder de la izquierda colombiana en décadas, no pudo imponer unilateralmente su agenda, difícilmente podría hacerlo un sucesor suyo.

Un eventual gobierno de Cepeda tendría que enfrentar los mismos límites institucionales. Necesitaría construir mayorías legislativas, negociar con partidos diversos, respetar las decisiones de las cortes y gobernar en medio de una estructura de pesos y contrapesos diseñada precisamente para impedir la concentración del poder.

Las elecciones de 2026 son importantes porque definirán el rumbo del país en temas tan sensibles como la seguridad, la economía, la política social o las relaciones internacionales. Un gobierno de Abelardo de la Espriella sería muy distinto a uno de Iván Cepeda. Nadie debería minimizar esas diferencias.

Pero tampoco deberíamos caer en la fantasía de que cualquiera de los dos tendrá las manos libres para rehacer el país a su antojo.

La verdadera lección de estos años es que Colombia posee una institucionalidad más robusta de lo que suelen admitir tanto la izquierda como la derecha cuando están en campaña. Esa institucionalidad puede ser frustrante para quienes esperan cambios rápidos y profundos. Puede ralentizar reformas necesarias. Puede obligar a negociar. Puede impedir que los gobiernos cumplan todas sus promesas.

Pero precisamente para eso existen los contrapesos democráticos.

Al final, quizá la pregunta no es si Colombia se parecerá a la Argentina de Milei, al El Salvador de Bukele o al proyecto político de Petro. La pregunta es si los colombianos somos capaces de entender que la democracia no consiste en elegir un salvador, sino en construir instituciones que impidan que cualquier gobernante, por popular que sea, pueda actuar como si el país fuera de su propiedad.

Y si algo demostró el Gobierno Petro es que en Colombia ningún presidente anda como Pedro por su casa.

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