La Fiscalía recibió múltiples denuncias de integrantes de la Policía en Cértegui (Chocó), quienes aseguraron haber solicitado préstamos por pequeñas sumas de dinero a un subintendente y compañero de la institución. Sin embargo, posteriormente las deudas, incrementadas de manera irregular, eran cobradas por una cooperativa sin domicilio verificable.

“Las presuntas víctimas, integrantes de la Policía Nacional, suscribían letras de cambio en blanco que posteriormente eran diligenciadas con cifras superiores a las acordadas y cobradas mediante una cooperativa sin domicilio verificable”, informó la Fiscalía al revelar los detalles del caso que llevó al subintendente Yeison Andrés Mosquera Moreno ante un juez de control de garantías para responder por los delitos de fraude procesal, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito de particulares.

En el desarrollo de la investigación también fue vinculada Luz Miryam Marulanda Moreno. De acuerdo con la Fiscalía, ambos habrían diseñado un mecanismo fraudulento de préstamos dirigido a integrantes de la Policía Nacional, hecho por el que se han recibido 13 denuncias.

Las posibles víctimas indicaron haber solicitado préstamos por montos modestos a Mosquera Moreno, quien presuntamente les exigía firmar letras de cambio en blanco como respaldo. No obstante, una vez canceladas las deudas, algunos de esos títulos valores no eran devueltos y, por el contrario, habrían sido diligenciados con montos superiores a los inicialmente acordados, explicó el ente investigador.

Posteriormente, las letras eran endosadas a una cooperativa sin domicilio verificable, que promovía demandas ejecutivas contra los afectados y obtenía el embargo de parte de sus salarios.

“De acuerdo con las labores de policía judicial adelantadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de esta manera se indujo en error a la administración de justicia con el fin de obtener fallos favorables y conseguir el embargo de hasta el 25 % del salario de las víctimas”, precisó la Fiscalía.

En este proceso, Marulanda Moreno figuraba como acreedora inicial en varios de los documentos utilizados para respaldar los cobros.

Por decisión de un juez de control de garantías, Mosquera Moreno recibió medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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