La demanda advierte posibles riesgos para la rentabilidad y el destino de los ahorros pensionales, y pide una decisión urgente mientras se define la legalidad de la medida.

Por: Nury Vargas

Un nuevo debate se abre en el país por el manejo del dinero de las pensiones. La Fundación para el Estado de Derecho demandó ante el Consejo de Estado el decreto 369 del 2026 y pidió que se suspenda mientras se estudia si es legal o no.

La norma, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cambia la forma en que los fondos de pensiones pueden invertir el dinero de los afiliados, especialmente el que se destina a inversiones fuera del país.

Según la demanda, este decreto limita esas inversiones en el exterior y obliga a que una mayor parte del dinero se quede en Colombia. En el documento se advierte que “la restricción del universo de inversión internacional del 48,8 % agregado actual a un tope global de 30 %” podría afectar la forma en que se manejan los ahorros de los trabajadores.

Para la fundación, el problema es de fondo: considera que la medida no busca proteger el ahorro de los afiliados, sino responder a necesidades económicas del país. Así lo señala el texto al afirmar que el decreto “no está orientado a proteger el ahorro pensional de los afiliados, sino a canalizarlo hacia objetivos de política económica interna”.

También advierten que este cambio podría afectar la rentabilidad de las pensiones. Explican que, al concentrar más inversiones en el país, se reducen las opciones y eso podría impactar las ganancias a futuro.

Otro punto que preocupa es que el efecto ya se estaría sintiendo. La demanda asegura que desde el anuncio de la medida los mercados han empezado a moverse, lo que podría traducirse en compras más costosas y, más adelante, posibles pérdidas.

Por eso, pidieron una decisión urgente. En el documento señalan que “el peligro en la demora es evidente”, ya que las decisiones sobre el dinero de las pensiones se están tomando desde ahora con base en ese decreto.

Ahora será el Consejo de Estado el que decida si suspende temporalmente la norma o la deja en firme mientras avanza el proceso. Entre tanto, el tema ya genera inquietud sobre qué puede pasar con el ahorro de millones de colombianos.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

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