El abogado Fabio Guillermo Araque Álvarez denunció una presunta falsedad ideologica en documento público, explotación ilícita de yacimiento minero, ecosuisidio y fraude a resolución judicial o administrativa de policía, conductas en las que estaría involucrada Corpoboyacá por un informe que presentó dentro de la acción popular promovida por la Procuraduría General de la Nación contra la minería de carbón en la Peña de la Águilas en Tópaga.

Araque se refiere al oficio del 22 de junio del 2026 suscrito por Andrea Katherine Quintero Engativá, en calidad de apoderada de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá), mediante el cual dicha entidad informó al Tribunal Administrativo de Boyacá sobre el supuesto cumplimiento de la medida cautelar decretada dentro del referido proceso judicial.

“En dicho informe, Corpoboyacá manifestó que durante la visita técnica realizada en la vereda San José, sector Peña de las Águilas del municipio de Tópaga, no se evidenció la presencia de personal desarrollando actividades mineras en las bocaminas objeto de inspección. No obstante, respetuosamente me permito manifestar a sus honorables despachos que tal afirmación no corresponde a la realidad fáctica observada en el territorio, toda vez que las minas objeto de la medida cautelar continúan desarrollando actividades mineras de manera permanente y en plena operación, situación que puede ser verificada mediante la práctica de una visita especial de inspección acompañada por parte de la delegada del Ministerio Público o de las autoridades competentes, particularmente en los sectores cobijados por la medida judicial”, señala el abogado en su denuncia.

Araque solicita, entre otros, que en caso de evidenciarse inconsistencias, omisiones o información contraria a la realidad en el informe presentado por Corpoboyacá ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, se evalúe la procedencia de las acciones disciplinarias y demás actuaciones a que haya lugar frente a los servidores públicos o particulares que hubieren intervenido en la elaboración y presentación de dicho informe.

“De encontrarse mérito para ello, se pongan en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que eventualmente pudieran constituir conductas con relevancia penal”, pide el abogado.

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