Hay una pregunta que desde hace tiempo ronda mi cabeza y que considero indispensable plantear en este momento de reflexión democrática: ¿qué ocurre cuando una sociedad termina eligiendo a sus gobernantes desde la necesidad inmediata y no desde la visión de futuro? La respuesta no es tan simple como algunos quisieran hacer creer. Sería un error reducirla a la ignorancia del elector o a la falta de conciencia ciudadana. Quien tiene dificultades para llevar alimento a su hogar, pagar un arriendo o garantizar la educación de sus hijos difícilmente puede pensar primero en planes de desarrollo, competitividad o transformación territorial. Antes que ciudadano, es un ser humano enfrentando la incertidumbre de la supervivencia.

Sin embargo, comprender esa realidad no puede llevarnos a justificar un modelo político que termina convirtiendo la necesidad en un instrumento de poder. El verdadero problema comienza cuando el voto deja de ser una expresión plenamente libre para convertirse, consciente o inconscientemente, en un mecanismo de protección económica. Cuando miles de personas sienten que su estabilidad laboral depende del triunfo de determinado proyecto político, la democracia empieza a perder uno de sus pilares fundamentales: la libertad del elector.

Como Administrador Público Territorial he comprendido que el desarrollo de una ciudad no depende únicamente de cuánto dinero administra un gobierno, sino de la calidad de las instituciones y de los incentivos que estas generan. Allí aparece uno de los mayores desafíos de ciudades como Tunja, donde el Estado representa una fuente significativa de empleo. Cuando una parte importante de la economía gira alrededor de la administración pública, existe el riesgo de que la política deje de ser un escenario para debatir ideas y se convierta en un espacio donde muchos ciudadanos sienten que deben proteger su sustento antes que ejercer libremente su derecho a elegir.

No estoy afirmando que todo empleo público responda a intereses políticos ni que todos los servidores públicos sean parte de prácticas clientelares. Sería una afirmación injusta y carente de rigor. Lo que sostengo es que una estructura económica excesivamente dependiente del Estado puede crear incentivos que favorezcan relaciones de dependencia política, debilitando la meritocracia, la autonomía ciudadana y la confianza institucional. En ese contexto, el debate electoral deja de girar alrededor de quién tiene la mejor visión para el territorio y comienza a centrarse en quién garantiza la permanencia de determinados beneficios individuales.

Quizá una de las frases más preocupantes que se escuchan con frecuencia resume perfectamente este fenómeno: «Sí, se roba recursos públicos, pero da trabajo». Esa afirmación, repetida una y otra vez, revela una profunda fractura ética. Nos hemos acostumbrado a medir el éxito de un gobernante por el beneficio inmediato que recibimos de manera individual, olvidando que cada peso perdido por corrupción representa menos oportunidades para toda la sociedad. La corrupción no empieza cuando desaparecen grandes sumas de dinero del presupuesto; comienza mucho antes, cuando dejamos de considerar inaceptable que los recursos públicos se utilicen para fortalecer proyectos personales o políticos en lugar de garantizar el bienestar colectivo.

Paradójicamente, quienes creen obtener un beneficio inmediato terminan siendo las principales víctimas de ese modelo. Una ciudad donde el mérito es desplazado por la cercanía al poder desalienta la inversión, limita el crecimiento empresarial, reduce la generación de empleo privado y obliga a miles de jóvenes talentosos a buscar oportunidades fuera de su territorio. El resultado es una economía menos competitiva, instituciones más frágiles y una ciudadanía cada vez más dependiente del gobernante de turno. Se crea así un círculo vicioso donde la falta de oportunidades fortalece la dependencia política y esa misma dependencia dificulta la construcción de nuevas oportunidades.

Por eso considero que la verdadera discusión no consiste en señalar al ciudadano que vota pensando en la tranquilidad de su familia. Nadie puede ser indiferente a esa realidad. La discusión de fondo debe centrarse en el modelo de desarrollo que hemos construido y en la enorme responsabilidad de quienes ejercen el poder. Una democracia sana no puede descansar sobre ciudadanos que sienten que su estabilidad económica depende de apoyar a determinado grupo político. Una democracia sólida es aquella donde las personas encuentran oportunidades gracias a su capacidad, donde el sector privado crece, donde el empleo público se rige por el mérito y donde ningún ciudadano teme que ejercer libremente su derecho al voto pueda poner en riesgo el sustento de su hogar.

Tal vez el mayor desafío para Tunja y para Boyacá no sea únicamente elegir mejores gobernantes. El verdadero reto consiste en construir instituciones suficientemente fuertes para que ningún ciudadano tenga que escoger entre su dignidad económica y su libertad política. Ese debería ser el horizonte de cualquier sociedad que aspire al desarrollo integral. Porque, al final, el voto no solo define quién administrará un presupuesto durante 17 meses o en cuatro años; define el tipo de ciudad que construiremos durante las próximas décadas.

Antes de depositar un voto, quizá todos deberíamos hacernos una pregunta sencilla, pero profundamente transformadora: ¿estoy eligiendo a quién resolverá mi necesidad de hoy o a quien puede garantizar el futuro de las próximas generaciones? La respuesta no solo decidirá el resultado de una elección. También puede decidir el destino de nuestra amada ciudad.

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