“Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder”. Montesquieu lo escribió en 1748 y, sin embargo, suena como el diagnóstico de la crisis actual. La intuición detrás de esa frase es tan sencilla como contraintuitiva: no se trata de encontrar gobernantes virtuosos, sino de diseñar un sistema donde la virtud sea, en cierta medida, irrelevante. Donde quien gobierna encuentre enfrente algo que lo contenga, no porque quiera ser contenido, sino porque no le queda más remedio. A ese mecanismo se le llama sistema de pesos y contrapesos, y lleva más de dos siglos siendo la columna vertebral de las democracias que han logrado sobrevivir a sus propios gobernantes.

Colombia adoptó esa arquitectura en la Constitución de 1991. Después de décadas de una carta política que concentraba demasiado poder en el ejecutivo, la Asamblea Nacional Constituyente intentó construir algo distinto, un Estado distribuido, donde el ejecutivo se limita a gobernar, el legislativo a diseñar las normas y el judicial a hacer cumplir la Ley (valga la sobresimplificación), donde existen a su vez, organismos autónomos de control que no le rinden cuentas al presidente sino a la Constitución, y donde el Banco de la República tiene independencia consagrada en la propia carta para que las decisiones sobre la economía respondan a criterios técnicos y no a los ciclos electorales de quien esté en la Casa de Nariño. En síntesis, donde cada una de las ramas del poder público tienen el mismo peso que las otras.

Lo que el actual Gobierno puso a prueba, con una consistencia que merece más atención de la que recibió, fue precisamente el debilitamiento de esa arquitectura. Cuando el Congreso archivó sus proyectos de financiamiento, la respuesta no fue negociar sino decretar una emergencia económica que la Corte Constitucional terminó tumbando por inconstitucional, y no una vez, sino tres veces en cuatro años, cada vez con el mismo diagnóstico: el Gobierno se había apropiado de competencias que no le correspondían. El Banco de la República, por su parte, soportó una presión pública sostenida cada vez que sus decisiones técnicas no coincidían con las preferencias del ejecutivo, hasta el punto en que el propio ministro de Hacienda anunció su retiro de la junta directiva tras una decisión contraria a sus intereses. Lo notable no es que hubiera tensión, la tensión entre poderes es exactamente lo que el diseño constitucional prevé, sino que en cada episodio el contrapeso fue presentado no como un freno legítimo sino como un enemigo.

Es por ello por lo que la segunda vuelta no resulta ser una elección ordinaria entre dos programas de gobierno. Es la pregunta de si el proyecto político que no se identifica con esta arquitectura institucional tiene o no continuidad. Recordando que la institucionalidad no es un concepto abstracto ni un lujo de los estados desarrollados: es la condición mínima para que las reglas apliquen igual al gobernante que al gobernado.

No se trata de elegir entre izquierda y derecha, sino de responder una pregunta fundamental: ¿queremos un Estado donde los pesos y contrapesos funcionen, o uno donde sobrevivan solo cuando al poder le conviene?

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