La acción judicial de la familia expone posibles fallas en la coordinación institucional y en la entrega oportuna de tratamientos esenciales para pacientes con enfermedades de alto costo.

*Por: Nury Vargas

La muerte de Kevin Acosta, un menor del Huila que padecía hemofilia, es ahora objeto de una demanda contra la Nación. Su familia acudió a la justicia al considerar que hubo fallas en el sistema de salud que terminaron afectando la continuidad de un tratamiento indispensable para su vida.

El recurso fue presentado por el abogado William Mejía, quien sostiene que la interrupción en la atención médica del niño no fue un hecho aislado, sino el resultado de problemas administrativos que impidieron el acceso oportuno a medicamentos de alto costo. La acción busca una reparación directa por los perjuicios causado a sus allegados.

De acuerdo con lo expuesto en la demanda, uno de los factores determinantes fue la ausencia de una Institución Prestadora de Salud (IPS) asignada, situación que dejó sin continuidad el manejo clínico del menor. Para la familia, esta falta de articulación dentro del sistema incidió directamente en el desenlace.

El documento también cuestiona decisiones adoptadas desde el Ministerio de Salud, y en particular se menciona al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, al considerar que no se garantizaron las condiciones necesarias para el flujo de recursos que permiten a las EPS e IPS suministrar tratamientos especializados.

Entre los aspectos señalados están la falta de ajuste en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y retrasos en los desembolsos de los Presupuestos Máximos.

En el proceso se incluye, además, a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), por presunto represamiento de recursos destinados a la compra de medicamentos esenciales.

La defensa sostiene que la situación tuvo un impacto profundo en la familia del menor, no solo por la pérdida, sino por las circunstancias en las que ocurrió. Según argumenta, existían condiciones que habrían permitido evitar el desenlace si se hubieran tomado decisiones oportunas.

Con esta acción judicial, los familiares de Kevin Acosta buscan que se determinen responsabilidades frente a lo que consideran fallas en la atención y en la respuesta institucional, en un caso que vuelve a poner en discusión la capacidad del sistema para atender enfermedades de alto costo.

*Redactora de Boyacá Sie7e Días

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