Por presuntas irregularidades en el recaudo del tributo para contribuir a la financiación de la universalización del servicio de energía eléctrica, la Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra los entonces secretario general del Concejo Municipal de Tunja, Juan Pablo Neira Martínez, y tesorera general, Silia Inés Pulido Umaña.
“Al parecer, Neira Martínez permitió que no se realizara el descuento del 1 % por concepto de estampilla proelectrificación rural al pagar los contratos celebrados por la corporación entre el 4 de enero del 2022 y el 23 de diciembre del 2022”, explicó el organismo de control disciplinario.
Según las pruebas del proceso disciplinario, en el 2022 se habrían celebrado contratos por 1.199.775.332 pesos, pero no se habría acreditado el pago de la citada contribución que correspondería a 11.997.753 pesos.
El pliego de cargos también investiga la conducta de la entonces tesorera, quien habría omitido su deber de efectuar el mencionado descuento sobre los contratos celebrados por esa corporación, en la señalada vigencia.
“Las conductas fueron calificadas de manera provisional por el ente disciplinario como falta grave cometida a título de culpa gravísima”, explicó el Ministerio Público.
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