Durante la reanudación de las audiencias preparatorias del juicio contra Sandra Liliana Ortiz Nova, exconsejera presidencial para las regiones, involucrada en la investigación por hechos de corrupción en el interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ayer el abogado de la exsenadora sorprendió con una solicitud a la jueza.
El jurista Mauricio Camacho Fernández, quien representa a Sandra, pidió la preclusión del proceso contra su clienta por la inexistencia del hecho.
La defensa indicó que el contrato por el cual está privada de la libertad su clienta —que según la acusación se ejecutó en el departamento del Atlántico— nunca existió. Afirmó que el número de dicho contrato corresponde en realidad a uno ejecutado en el municipio de Girón (Santander), y aseguró que así se demuestran las mentiras con las que se construyó la investigación.
Sin embargo, la Fiscalía, la Procuraduría y los representantes de víctimas acreditados no estuvieron de acuerdo con el reclamo del abogado de Ortiz, al señalar que no se cumple con los mínimos requisitos para aceptarla.
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