Colombia no puede supeditar el funcionamiento de su sistema judicial a las decisiones que puedan adoptar Gobiernos extranjeros como el de Donald Trump. Hacerlo no solo desconoce el principio de soberanía judicial, sino que también debilita la confianza en las instituciones llamadas a investigar, juzgar y sancionar conforme al ordenamiento jurídico colombiano.

Con todas sus limitaciones, el país ha logrado construir una identidad democrática que, durante décadas, ha sido reconocida como una de las más estables de América Latina. Esa estabilidad ha permitido consolidar un sistema judicial que, pese a sus falencias y a la permanente percepción de impunidad, ha demostrado capacidad para resolver controversias de índole menor como de la más alta trascendencia nacional.

Por lo mismo, ningún sistema de justicia es infalible, y Colombia no es la excepción. Precisamente por ello, se ha asumido compromisos internacionales orientados a fortalecer la protección de los derechos humanos, políticos y ambientales, así como a garantizar mecanismos de supervisión y control que permitan corregir las fallas institucionales cuando los recursos internos resultan insuficientes.

Lejos de debilitar la soberanía, esos compromisos han reflejado la decisión de someter el ejercicio del poder a estándares jurídicos previamente aceptados. Un claro ejemplo es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incorporada mediante la Ley 16 de 1972 e integrada al bloque de constitucionalidad (conjunto de normas internacionales adoptadas por el Estado para la protección y garantía de los derechos humanos.) En virtud de ese tratado, Colombia reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, en ejercicio de sus funciones, ha condenado al Estado en varias oportunidades. Decisiones que han impulsado reformas y correctivos institucionales orientados a superar prácticas que en su momento vulneraron derechos humanos.

Esta dinámica judicial, aceptada y reconocida legítimamente, demuestra que no se trata de una injerencia internacional caprichosa, sino de la consecuencia natural de los compromisos internacionales que el Estado decidió asumir de manera libre y soberana, como ocurre con otros mecanismos de control internacional.

Durante la pasada campaña presidencial, el hoy presidente electo manifestó haber denunciado ante el Gobierno de los Estados Unidos la presunta participación en la campaña electoral de algunos servidores públicos, entre ellos el Gobernador de Boyacá, así como un supuesto constreñimiento al elector en favor de Iván Cepeda. Asimismo, expresó su expectativa de que ese país adoptara decisiones frente a la denuncia.

Surgen entonces varias preguntas inevitables: ¿es compatible esa postura con el principio de soberanía judicial? ¿Acaso Colombia carece de instituciones con competencia para investigar y sancionar este tipo de conductas? Y, sobre todo, ¿Por qué acudir a Estados Unidos cuando la investigación de los presuntos delitos corresponde a las autoridades colombianas?

Preguntas que deberán resolverse a lo largo de estos cuatro años. Sin embargo, no podemos perder de vista que el país cuenta con un sistema normativo y con instituciones sólidas capaces de investigar y sancionar cualquier tipo de conducta injusta. Solo así se honraría aquello que con frecuencia se destaca del país: la solidez y estabilidad democrática. Después de todo, la verdadera democracia no se agota únicamente en las urnas; sino que también se debe sostener con el respeto por las instituciones que la integran.

Por ello, Abelardo de la Espriella Otero, como Jefe de Estado entrante, tiene el deber de defender la soberanía y la autonomía Constitucional, evitando proyectar la imagen de un Estado incapaz de resolver sus propios asuntos, o lo peor, de uno que pueda ser tratado como una colonia o como el «patio trasero», como históricamente se ha pretendido justificar el intervencionismo en América Latina y el Caribe.

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