La diligencia de la Fiscalía fue programada para los días 22, 23, 24 y 25 de junio del 2026.

La Fiscalía General de la Nación solicitó formalmente a la Alcaldía de Tunja la entrega inmediata de la totalidad de la documentación correspondiente al contrato interadministrativo 1767 del 2025, suscrito entre el municipio y la Empresa de Desarrollo Territorial Don Matías S.A.S., en el marco de una indagación penal adelantada por la Dirección Especializada contra la Corrupción.

En el oficio oficial, dirigido de manera directa a la alcaldesa encargada de la capital boyacense, María Paulina Jiménez Gómez, el ente acusador hace el requerimiento perentorio de la carpeta completa del polémico proceso contractual, incluyendo de forma detallada las etapas precontractual, contractual y poscontractual. Asimismo, la autoridad judicial solicitó que toda la información que se encuentre en formato físico sea digitalizada, indexada y debidamente organizada.

“Lo anterior se requiere a fin de adelantar la diligencia de inspección judicial en sus instalaciones los días 22, 23, 24 y 25 de junio del 2026. Se recalca que se requiere la totalidad del proceso contractual”, señala explícitamente el documento de la entidad.

Los detalles sobre el cuestionado contrato con Don Matías S.A.S.

El denominado ‘contrato Don Matías’, suscrito por la administración municipal por un valor superior a los 15.000 millones de pesos, tiene como objeto principal la ejecución de ambiciosos proyectos de infraestructura vial urbana y rural, la adecuación y mejoramiento de escenarios públicos y parques, el mantenimiento de salones comunales y diversas intervenciones locativas en las instituciones educativas de la ciudad.

Sin embargo, el convenio se ha convertido en el principal foco de debate político y controversia en la región, debido a que concejales de la oposición, líderes de las juntas de acción comunal y la ciudadanía en general han expresado públicamente su profunda preocupación por los evidentes retrasos y la falta de avances visibles en la gran mayoría de las obras civiles contempladas.

A estas graves inquietudes comunitarias se sumaron las declaraciones de la propia alcaldesa (e), María Paula Jiménez, quien aseguró ante la opinión pública que existen presuntos incumplimientos contractuales e incluso posibles irregularidades de tipo legal que actualmente están siendo objeto de rigurosa revisión técnica y jurídica.

La orden de inspección emitida por la Fiscalía este jueves 11 de junio busca aportar material probatorio contundente para esclarecer las anomalías en la ejecución y determinar la existencia de posibles actos de corrupción en el manejo de los dineros públicos comprometidos, los cuales fueron viabilizados durante el mandato del exalcalde Mikhail Krasnov.

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