La democracia tiene una contradicción que pocas veces nos atrevemos a discutir. Mientras los partidos políticos hablan de participación, renovación, inclusión y liderazgo ciudadano, muchas de las decisiones más importantes continúan tomándose entre pocos, lejos de las bases, lejos de los territorios y, en ocasiones, lejos de los principios que dicen defender.

Las preguntas son sencillas, pero incómodas: ¿De quién son realmente los partidos políticos? ¿Son de los ciudadanos que recorren los barrios, escuchan las necesidades de la comunidad, construyen procesos sociales y defienden unas ideas? ¿O son propiedad de quienes administran los avales, controlan las decisiones internas y negocian el poder desde los escritorios?

Las respuestas a estas preguntas definen buena parte de la calidad de nuestra democracia.

Los partidos nacieron para representar causas, ideologías y proyectos colectivos. Su razón de ser nunca fue convertirse en empresas electorales ni en instrumentos al servicio de pequeños grupos de poder. Sin embargo, en muchos casos, esa noble misión parece haberse desdibujado.

La preocupación no surge por casualidad. Surge de observar cómo, en muchos casos, las estructuras partidistas han terminado concentrando el poder de decisión en muy pocas manos. Aunque existen estatutos, tribunales de ética, directorios municipales, departamentales, regionales y nacionales, la realidad suele mostrar que las decisiones más importantes terminan dependiendo de un reducido grupo de dirigentes.

Y cuando el poder se concentra, la democracia interna comienza a debilitarse. Es entonces cuando aparecen prácticas que generan frustración entre quienes han dedicado años a construir partido desde los territorios. Avales que parecen responder más a relaciones personales que a méritos demostrados. Militantes históricos que son desplazados por decisiones de último momento. Reglas que cambian según las circunstancias políticas. Determinaciones tomadas desde las capitales sin comprender las dinámicas y necesidades de las regiones.

El mensaje que reciben miles de militantes es devastador: su trabajo es indispensable para conseguir votos, pero prescindible para tomar decisiones.

A esto se suma otro fenómeno igualmente preocupante: la transformación del aval en una herramienta de negociación política.

El aval debería ser el reconocimiento a una trayectoria, a una propuesta de gobierno y a un compromiso con unos principios. Sin embargo, la percepción que existe en muchos sectores de la ciudadanía es diferente. Se percibe que, en ocasiones, los avales terminan formando parte de negociaciones para obtener participación burocrática, acuerdos de poder o futuras cuotas de gobierno.

Bajo esa lógica, las candidaturas dejan de evaluarse por sus capacidades o por la confianza construida con las comunidades y comienzan a medirse por la influencia, los recursos o la conveniencia política del momento. Cuando esto ocurre, el partido corre el riesgo de dejar de actuar como una organización ideológica y programática para convertirse simplemente en una empresa electoral cuya prioridad ya no es representar a los ciudadanos, sino administrar cuotas de poder.

Y cuando el poder se vuelve más importante que los principios, la democracia comienza a perder su esencia. Hoy vemos organizaciones políticas que hablan de meritocracia mientras premian la cercanía al poder. Hablan de democracia interna mientras toman decisiones a puerta cerrada. Hablan de renovación mientras los mismos nombres, apellidos y círculos de influencia se repiten elección tras elección.

El problema no es la existencia de liderazgos fuertes. Toda organización los necesita. El problema aparece cuando el liderazgo se transforma en propiedad. Cuando los partidos dejan de ser comunidades políticas para convertirse en feudos. Cuando los estatutos se aplican con rigor para unos y con flexibilidad para otros. Cuando los militantes son importantes para conseguir votos, pero irrelevantes para tomar decisiones. Cuando la lealtad se exige, pero el respeto no se corresponde. Cuando el trabajo de años puede ser reemplazado por acuerdos de última hora.

En ese momento la política deja de ser una construcción colectiva y se convierte en una relación de subordinación. Y eso tiene consecuencias. La primera es la pérdida de confianza ciudadana. Miles de personas observan cómo se les pide participar, pero sienten que las decisiones ya están tomadas. Se les invita a creer en las instituciones, pero encuentran puertas cerradas. Se les habla de oportunidades, pero descubren que los espacios ya tienen dueño.

La segunda consecuencia es aún más grave: la expulsión silenciosa de nuevos liderazgos. Líderes comunales, jóvenes, mujeres, profesionales y ciudadanos independientes terminan abandonando la participación política porque comprenden que competir contra estructuras cerradas resulta cada vez más difícil.

Y cuando los mejores ciudadanos dejan de creer en la política, quienes pierden no son ellos. Pierde la democracia. Pierde la sociedad. Pierden los territorios.

Como administrador público territorial creo firmemente que Colombia necesita fortalecer sus partidos políticos. Pero fortalecerlos no significa entregarles más poder, significa hacerlos más transparentes, más democráticos, más abiertos y más coherentes, porque la coherencia es la base de la legitimidad.

No se puede exigir transparencia hacia afuera mientras se practica opacidad hacia adentro. No se puede hablar de participación ciudadana mientras se limita la participación de la propia militancia. No se puede pedir confianza a los ciudadanos cuando las decisiones fundamentales se toman sin explicaciones. No se puede proclamar la defensa de la democracia mientras se restringe la democracia interna.

La verdadera fortaleza de un partido no está en la cantidad de cargos que controla ni en los votos que negocia. Está en la confianza que inspira. Está en la credibilidad de sus decisiones. Está en la capacidad de respetar a quienes han construido el proyecto político desde abajo. Está en comprender que ningún dirigente, por importante que sea, puede estar por encima de los principios que dieron origen a la organización.

La democracia colombiana necesita partidos más abiertos y menos propietarios. Más instituciones y menos personalismos. Más ciudadanos y menos dueños. Más mérito y menos privilegios. Porque los partidos políticos no fueron creados para servir a unos pocos. Fueron creados para representar a muchos. Y el día que olvidan esa misión, dejan de ser instrumentos de la democracia para convertirse en uno de sus principales problemas.

La pregunta sigue abierta. Y tarde o temprano todos los partidos tendrán que responderla: ¿Son organizaciones construidas para representar a los ciudadanos o estructuras diseñadas para administrar el poder?

La respuesta determinará no solo el futuro de los partidos, sino también la confianza de los ciudadanos en la democracia.

La entrada Avales, poder y democracia; cuando las decisiones partidistas se alejan de la militancia y de los principios que dicen defender – Edisson Fabián Barrera Cendales #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.