En Colombia se ha vuelto costumbre escuchar que la democracia está en crisis. Sin embargo, pocas veces se profundiza en una pregunta esencial: ¿por qué millones de ciudadanos sienten que el sistema político no les pertenece? La respuesta no puede reducirse únicamente a la corrupción, a los escándalos de turno o a la polarización ideológica. El problema es más profundo: existe una ruptura histórica entre las élites y la ciudadanía que ha erosionado la legitimidad de las instituciones democráticas.

Durante décadas, el país fue gobernado bajo una lógica donde las decisiones importantes parecían concentrarse en pequeños círculos políticos, económicos y técnicos alejados de las preocupaciones cotidianas de la mayoría de la población. Bogotá diseñaba políticas; las regiones cargaban con las consecuencias. Los expertos hablaban de crecimiento macroeconómico mientras millones de ciudadanos seguían atrapados en la informalidad, el desempleo o la ausencia estatal.

El lenguaje tecnocrático comenzó a reemplazar el lenguaje político y, poco a poco, la democracia dejó de sentirse como un espacio de representación para convertirse en un escenario de administración distante.

Ese divorcio entre gobernantes y ciudadanía no surgió de la noche a la mañana. Colombia construyó históricamente un modelo político profundamente elitista, donde el acceso al poder estuvo mediado por apellidos, clientelas, círculos económicos y redes burocráticas. Aunque formalmente la democracia se amplió con la Constitución de 1991, gran parte de la ciudadanía siguió sintiendo que las decisiones fundamentales continuaban tomándose sin su participación real. La apertura institucional no necesariamente significó inclusión efectiva.

Quizá por eso el descontento social de los últimos años no puede interpretarse únicamente como inconformidad económica. Las protestas de 2019 y 2021 evidenciaron algo más complejo: una demanda de reconocimiento y dignidad. Miles de jóvenes, trabajadores informales y sectores históricamente excluidos no solo reclamaban mejores condiciones materiales; exigían ser escuchados en un sistema político que durante mucho tiempo les habló desde arriba. El estallido social fue, en buena medida, una reacción contra una democracia que muchos perciben lejana, arrogante e incapaz de comprender la realidad de la mayoría del país.

En este contexto, el ascenso de discursos antisistema y figuras populistas resulta menos sorprendente de lo que algunos sectores pretenden mostrar. Cuando las instituciones dejan de canalizar las demandas sociales y las élites parecen desconectadas de la experiencia cotidiana de la población, emerge la narrativa del “pueblo contra el establecimiento”. No se trata simplemente de manipulación política o irracionalidad colectiva: existe un malestar democrático real que ha sido ignorado durante demasiado tiempo.

Pero el problema no se resuelve sustituyendo unas élites por otras ni profundizando la polarización permanente. Colombia necesita reconstruir el vínculo entre ciudadanía e instituciones democráticas. Eso implica recuperar la capacidad de escuchar a las regiones, fortalecer la participación ciudadana más allá de los periodos electorales y abandonar la idea de que los problemas sociales pueden resolverse únicamente desde escritorios técnicos o cálculos macroeconómicos.

La democracia no puede sostenerse solo sobre indicadores económicos o estabilidad institucional. También requiere legitimidad social, sentido de pertenencia y confianza colectiva. Cuando millones de personas sienten que el sistema político no las representa, la democracia comienza a vaciarse desde adentro.

Tal vez la mayor amenaza para Colombia no sea únicamente la corrupción, la violencia o la polarización, sino la consolidación de una sociedad donde amplios sectores ciudadanos dejan de creer que la democracia puede mejorar sus vidas. Y una democracia en la que la ciudadanía pierde la esperanza termina siendo una democracia peligrosamente frágil.

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