El diputado Carlos Ernesto Torres Aguirre, del Partido Conservador, radicó este lunes ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia por presunto ‘volteo de tierras’ en la ribera del lago de Tota, en jurisdicción del municipio de Cuítiva.

Según la denuncia penal, se presentaron presuntas conductas ilícitas en contra de la administración pública, tales como concierto para delinquir, prevaricato por acción (volteo de tierras), enriquecimiento ilícito, cohecho, interés indebido en la celebración de contratos, tráfico de influencias, urbanización ilegal y delitos ambientales en la cuenca hidrográfica del lago de Tota, municipio de Cuítiva, vereda El Boquerón, sitio denominado El Túnel.

El caso tiene que ver con 19,6 hectáreas de reserva forestal, ubicadas a orillas del lago de Tota, que en el 2023 la empresa Acerías PazdelRío vendió a quien en ese momento se desempeñaba como asistente del director de Corpoboyacá, autoridad ambiental encargada de velar por la protección y conservación de los recursos naturales del departamento.

Esos predios, que originalmente hacían parte de áreas protegidas, habrían sido objeto de un cambio irregular en el uso del suelo tras su venta y posterior actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Cuítiva.

“Las tierras en cuestión tenían una afectación ambiental clara, al estar incluidas dentro del Plan General de Ordenamiento Forestal (PGOF) y formar parte del inventario forestal de Corpoboyacá en la cuenca del lago de Tota. Adicionalmente, los predios se encuentran cobijados por la Ley 74 de 1930, que declara de utilidad pública las obras de infraestructura para la captación de agua, tanto para Acerías PazdelRío como para el acueducto de Sogamoso y varios distritos de riego de la región, infraestructuras ubicadas en dicho predio y actualmente en servicio”, dijo el diputado.

Explicó que, no obstante estas restricciones, mediante un proyecto de acuerdo municipal, la Alcaldía de Cuítiva (en la pasada administración), con aprobación del Concejo Municipal, cambió el uso del suelo y reclasificó los predios como área suburbana, lo que abrió la puerta a procesos de urbanización en una zona ambientalmente protegida, decisión que ha sido duramente cuestionada por sectores ciudadanos y ambientales.

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