Habitantes de Moniquirá denuncian afectaciones ambientales, daños en infraestructura y en la salud pública; autoridades nacionales visitarán el territorio.

Por: Yuliana Bohórquez

Desde hace algunos días, habitantes de varias veredas del municipio de Moniquirá mantienen una manifestación pacífica, con el propósito de alzar la voz en contra de presuntas afectaciones ambientales atribuidas a la empresa avícola Pollos El Dorado, ubicada en la vereda Monjas, específicamente en el sector Milenio.

José Agudelo, líder social y ambiental del territorio, aseguró que la protesta reúne a comunidades de al menos seis veredas: Coralina, Chovo, Monsalve, La Pila, San Cristóbal y Monjas. Según explicó, la inconformidad se origina en problemáticas que, afirma, se vienen denunciando desde el 2023 sin que hasta ahora se hayan adoptado soluciones efectivas.

“Llevamos más de 30 años con la granja en el municipio, pero desde el 2023 hemos radicado oficios y solicitudes sin respuesta concreta. Desde hace unos tres años Corpoboyacá manifiesta que solicitó un plan de mejora y la empresa Pollos El Dorado interpuso recursos de reposición porque no tiene plan de contingencia”, señaló Agudelo.

Entre las principales afectaciones mencionadas por la comunidad están los malos olores, la proliferación de moscas y posibles impactos en la salud, como enfermedades respiratorias y estomacales. Además, denuncian condiciones sanitarias inadecuadas dentro de la granja, incluyendo presuntos vertimientos, presencia de aves muertas y roedores.

Aunado a lo anterior, el paso constante de vehículos de carga, alrededor de 60 camiones cada mes, habría deteriorado el puente del Milenio, sobre el cual ya cursa una acción popular por riesgo de colapso.

Adicionalmente, Agudelo denunció que en días recientes se presentaron bloqueos en la vía que conecta a la zona, lo que habría impedido el tránsito de estudiantes y adultos mayores hacia el casco urbano.

“Los camiones los atravesaron en la vía, no habilitaron el corredor humanitario, no pudieron ir los niños al colegio estos tres días que pasaron o los abuelos al médico. Y adicionalmente, las agresiones de las que fueron víctimas algunas personas que hacen parte de la movilización por cuenta de unos trabajadores de la empresa”, se quejó.

Frente a este panorama, la principal exigencia de la comunidad es la suspensión temporal de la actividad productiva de la empresa mientras se tiene una decisión de fondo de una acción popular que fue admitida a principios de este mes. “No estamos vulnerando derechos. Solo pedimos que nos dejen vivir tranquilos mientras se emite un fallo”, afirmó el líder social.

Ante la presión de la comunidad, se espera que delegados del Ministerio de Ambiente y del Ministerio de Salud lleguen al territorio el día de mañana para conocer de primera mano la situación y buscar una posible solución a esta problemática, que durante los últimos años parece ser insubsanable.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

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