Las actuaciones ilegales detectadas tenían como propósito que la persona contratada retirara una demanda de nulidad que presentó contra la elección del mandatario municipal.

*Por: Yuliana Bohórquez

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al alcalde saliente de Tunja, Mikhail Krasnov; a la exdirectora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán; a la exgestora social Sara Catalina Pedraza Canaría, y al particular Miguel Ángel Ruiz Suárez, por su presunta participación en irregularidades detectadas en contratos de prestación de servicios.

De acuerdo con el ente acusador, los implicados habrían coordinado la vinculación del abogado Juan Sebastián Ramírez García, quien ya fue judicializado por estos hechos, con el propósito de que retirara una demanda de nulidad electoral interpuesta contra la elección de Krasnov en noviembre del 2023.

Según la investigación, en cumplimiento de compromisos adquiridos en varias reuniones, se suscribió un primer contrato en febrero del 2024 por 19.800.000 pesos, el cual no se ejecutó. Posteriormente, se firmó un segundo contrato por 54.285.000 pesos a través de la empresa Ecovivienda, cuyo objeto era brindar apoyo jurídico y servir de enlace con la Alcaldía.

“Los elementos materiales probatorios indican que los trámites contractuales comenzaron después de haber sido instaurada la demanda de nulidad y culminaron con el retiro de la acción. Asimismo, dan cuenta de que el mandatario habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y a expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad”, sostuvo Fiscalía.

En ese sentido, un fiscal de la Seccional Boyacá acusó a los cuatro imputados, de acuerdo con su posible responsabilidad en los hechos investigados, los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

Decisiones durante la audiencia

En medio de la audiencia, que se prolongó por cuatro horas, el juez resolvió dos aspectos fundamentales: la solicitud de nulidad del escrito de acusación bajo el argumento de que era impreciso y contradictorio y, el reconocimiento de víctimas, que para este caso son la Alcaldía de Tunja y Ecovivienda.

Frente a la nulidad, presentada por el apoderado del alcalde, el despacho decidió negarla al considerar que no se vulneró el derecho de defensa. El juez concluyó que la Fiscalía expuso de manera clara los hechos y cargos, especialmente en lo relacionado con el contrato en discusión, descartando ambigüedades que impidieran la comprensión del caso.

En cuanto al reconocimiento de víctimas, el juez avaló como tales a la Alcaldía de Tunja y a Ecovivienda. Arguyó que en esta etapa procesal basta una acreditación sumaria del daño e incluso afectaciones no patrimoniales.

“El solo derecho, por ejemplo, de que estas personas jurídicas quieran intervenir en búsqueda así sea el derecho de la verdad, eso  es una prerrogativa legal que el despacho tiene que reconocer. Por tal motivo en este caso hará reconocimiento en calidad de víctimas de los dos entes jurídicos que han concurrido, es decir de la Alcaldía de Tunja y de Ecovivienda”, dijo el juez.

No obstante, la defensa de Luz Mila Acevedo, el abogado Camilo González, manifestó su inconformidad frente al reconocimiento de víctimas e interpuso recurso de apelación, señalando que no se acreditó un daño concreto, específico y comprobable sobre este punto.

“Se concede el recurso de apelación en efecto suspensivo ante la sala penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja. Por ahora, en estos términos queda suspendida la sesión del día de hoy. Una vez se reciba el pronunciamiento del superior, se convocará a ustedes para culminar el trámite respectivo correspondiente a la formulación de acusación”, concluyó el juzgado.

*Redacción Boyacá Sie7e Días

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