La capital casanareña no tiene los recursos económicos para asumir la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía a partir del 30 de junio del 2025.

Aspecto de la reunión donde se hizo un balance de las acciones adelantadas en los planes de alimentación a la población privada de la libertad. Foto: suministrada a Boyacá Sie7e Días
*Por: Miguel Arango Devia
Según el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz, para atender la orden de la Corte Constitucional del 2022 obligaría a desfinanciar proyectos que benefician a población víctima del conflicto armado, adultos mayores y a la niñez, uno de los efectos que podría enfrentar el municipio al tener que garantizar la alimentación de la población privada de la libertad que llega, en el caso de la capital casanareña, a las carceletas ubicadas en la Estación de Policía de la ciudad.
Este tema fue debatido en la reunión convocada por la Procuraduría Regional, con asistencia de los 19 alcaldes de la región, donde se hizo un balance de las acciones adelantadas para dar cumplimiento a los planes de alimentación a la población privada de la libertad.
El mandatario de la capital del departamento destacó: “en el Congreso de los Municipios, organizado por Ascopitales en Cartagena, el pasado 1, 2 y 3 de mayo, se tocó este tema y se dijo que se empezarían las gestiones para solicitarle al Gobierno nacional que se les quite esta carga a los municipios, pues no es viable por los limitados recursos que posee el municipio”.
Ruiz Riaño señaló además que, “en Yopal tenemos 111 personas privadas de la libertad, 70 son de acá y el resto de otras partes de Casanare, y hasta del país, lo que representa que toca garantizarles la alimentación a toda esa gente, que cuesta alrededor de 1.400 millones de pesos, y el municipio no los tiene”.
*Corresponsal de Boyacá Sie7e Días en Casanare
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