El estudio alerta sobre la dependencia de los recursos estatales, la concentración presupuestal y la presión del pasivo pensional en la educación superior pública.

Por: Nury Vargas

Un estudio sectorial de la Contraloría General de la República reveló que el sistema universitario público colombiano atraviesa una desfinanciación estructural que compromete su sostenibilidad. El informe, titulado ‘Sostenibilidad financiera de las universidades públicas colombianas (2019-2024)’, concluye que apenas una de las 34 universidades públicas del país logra sostener su operación con recursos autogenerados, mientras el 97 % depende de manera crítica de transferencias estatales.

De acuerdo con el análisis, el 50,1 % de los ingresos de las universidades públicas proviene de aportes nacionales, una alta dependencia que limita la planeación de largo plazo y amplía las brechas entre regiones.

El estudio, elaborado por la Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, evaluó variables como ingresos, gastos, estructura de costos, inversión, liquidez, solvencia y endeudamiento, además de incorporar proyecciones del pasivo pensional, identificado como una de las principales cargas del sistema.

Concentración de recursos y desigualdad

Uno de los hallazgos centrales es la concentración de recursos en un reducido grupo de instituciones. Las universidades Nacional de Colombia (UNAL), Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), de Antioquia (UdeA) y del Valle (Univalle) concentran el 48 % de los ingresos del orden nacional y el 37 % de los recursos territoriales.

Esta distribución impacta los principios de equidad del gasto público y se refleja en profundas diferencias en los ingresos por estudiante:

• UNAL: 11.426.139 pesos.
• UNAD: 525.777 pesos.
• Promedio nacional: 4.512.090 pesos (periodo analizado).

La concentración también se replica en el gasto. En el ámbito nacional, la UNAL y la UNAD representaron el 36,3 % de los gastos y el 50 % de los costos del sistema. En el nivel territorial, la UdeA y la Univalle concentraron el 36,4 % de los gastos y el 44,4 % de los costos.

Solvencia y el peso del pasivo pensional

En materia de solvencia, el 75,8 % de las instituciones (25 IES) presenta indicadores iguales o superiores a tres, lo que refleja una capacidad adecuada para respaldar sus obligaciones. Sin embargo, el 24,2 % restante (8 IES) registra niveles inferiores, con márgenes de maniobra financiera limitados.

Pese a estos indicadores, el informe advierte que el pasivo pensional del sistema universitario público asciende a 10,3 billones de pesos en el 2024, cifra preliminar que podría aumentar ante la falta de actualización de cálculos actuariales. Esta carga se concentra principalmente en:

1. Universidad Nacional de Colombia: 4,5 billones de pesos.
2. Universidad del Valle: 1,4 billones de pesos.

Según la Contraloría, esta situación desvía recursos que podrían destinarse a docencia e infraestructura, limitando la capacidad de expansión institucional.

Hacia una reforma de la Ley 30

Las instituciones consultadas coinciden en señalar la insuficiencia de los aportes estatales, el crecimiento de los gastos de personal y las dificultades para incrementar los ingresos propios. Entre las propuestas destaca la necesidad de actualizar la Ley 30 de 1992.

El estudio analiza el impacto fiscal del proyecto de ley 212 del 2024 (reforma a la Ley 30). Mientras el Ministerio de Educación estima un costo de 22,1 billones de pesos para el periodo 2027-2040, la Contraloría calcula un impacto de 27,8 billones entre el 2027 y el 2036.

En conclusión, el organismo de control señala la urgencia de revisar el modelo de financiación vigente para garantizar la estabilidad del sistema universitario público colombiano frente a las desigualdades y presiones críticas actuales.

Redactora de Boyacá Sie7e Días

La entrada Universidades públicas enfrentan una sostenibilidad financiera frágil, según la Contraloría se publicó primero en Boyacá 7 Días.