Por estos días Tunja vive algo más profundo que una coyuntura política. Lo que está en juego no es solo el futuro administrativo de la ciudad, sino la forma en que entendemos la democracia misma.

El caso de Mikhail Krasnov ha puesto sobre la mesa una tensión clásica, pero pocas veces tan visible: la distancia entre el respaldo ciudadano y el cumplimiento de la ley. Y es precisamente en ese punto donde debemos elevar el debate, no degradarlo.

Porque seamos claros: es legítimo que muchos tunjanos hayan visto en su elección una oportunidad de cambio, una ruptura con lo tradicional, una esperanza frente al desgaste de las estructuras políticas de siempre. Ese sentimiento no solo es válido, es necesario en cualquier democracia viva.

Pero también debemos decirlo con la misma claridad: en un Estado de derecho, el respaldo popular no reemplaza el cumplimiento de las normas.

Aquí no estamos ante un conflicto de simpatías, ni ante una disputa entre bandos. Estamos ante una realidad institucional: existen reglas previas, condiciones legales para ejercer el poder público, y cuando estas no se cumplen, las instituciones deben actuar. No como un acto de persecución, sino como una garantía de que la democracia no se convierta en arbitrariedad.

Reducir lo que hoy ocurre a una narrativa de “ataque político” es desconocer el funcionamiento mismo del sistema democrático. Las decisiones adoptadas por las altas instancias no responden a emociones ni a coyunturas, sino a marcos jurídicos definidos con anterioridad. Eso es lo que diferencia a una democracia de un escenario de poder sin control.

Y aquí es donde debemos hacer una pausa como ciudadanía.

Tunja no necesita caer en la trampa de la polarización. No necesita dividirse entre quienes apoyan y quienes rechazan. Necesita algo mucho más complejo, pero también más maduro: entender que la democracia se sostiene cuando somos capaces de defender las reglas incluso cuando estas contradicen nuestras preferencias.

Porque el verdadero riesgo no está en una persona o en un Gobierno. El riesgo está en normalizar la idea de que las normas son negociables dependiendo de quién esté en el poder.

Como administrador público territorial, pero sobre todo como tunjano, me preocupa más el precedente que el hecho. Me preocupa que perdamos de vista que la legalidad no es un obstáculo para el desarrollo, sino su condición básica. Que la institucionalidad no es un enemigo del cambio, sino su garantía.

También es necesario decirlo: en este proceso, la veeduría ciudadana y quienes han decidido denunciar o alertar posibles irregularidades cumplen un papel fundamental. No son opositores, no son actores incómodos: son parte esencial del equilibrio democrático. Sin control ciudadano, el poder se desborda; sin vigilancia, la administración pública pierde su rumbo.

Hoy más que nunca, Tunja necesita fortalecer esa cultura de control, de participación responsable y de respeto por lo público.

Este no es un momento para la exaltación emocional ni para los juicios ligeros. Es un momento para la reflexión colectiva. Para preguntarnos qué tipo de ciudad queremos ser: una que se guía por impulsos coyunturales o una que se construye sobre bases institucionales sólidas.

La democracia no se trata únicamente de elegir. Se trata, sobre todo, de garantizar que quienes gobiernan puedan hacerlo dentro de la ley.

Tunja tiene hoy la oportunidad de demostrar madurez política. De entender que el liderazgo no se mide en aplausos momentáneos, sino en la capacidad de sostener principios incluso en medio de la incertidumbre.

Porque al final, más allá de nombres propios, lo que está en juego es algo mucho más grande: el respeto por las reglas que nos permiten convivir, avanzar, creer y evolucionar colectivamente, en el futuro de nuestra ciudad.

La entrada Tunja no puede dividirse entre la emoción política y el Estado de derecho – #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.