La decisión del Gobierno de suspender la regla fiscal por tres años, tras recibir el aval del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), podría tener graves efectos en el comportamiento económico del país.

Aunque esta medida le permite al Ejecutivo ampliar el déficit fiscal y aumentar su capacidad de endeudamiento, también trae consigo consecuencias financieras serias que podrían deteriorar la estabilidad macroeconómica en el corto y mediano plazo.

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A continuación, tres impactos que advierten los expertos:

1. Aumento del costo del endeudamiento

La flexibilización fiscal proyecta una señal de alerta a los mercados internacionales. El profesor Henry Amorocho, de la Universidad del Rosario, explicó que esta decisión puede presionar al alza las tasas de interés de los créditos externos, ya que los inversionistas perciben mayor riesgo en un país que muestra poca disciplina fiscal. “Esto podría afectar el grado de inversión de Colombia y encarecer el acceso a financiamiento externo en momentos donde ya se roza el límite del 65 % del PIB en deuda pública”, afirmó.

2. Presión sobre el tipo de cambio

Uno de los efectos inmediatos sería una mayor volatilidad cambiaria. De hecho, Amorocho anticipó que el dólar podría subir a un rango de entre $4.220 y $4.230 en los próximos días como consecuencia de la incertidumbre generada. Este aumento estaría impulsado por la pérdida de confianza en la estabilidad fiscal del país, lo cual reduce el atractivo de Colombia como destino de inversión.

El profesor Andrés Giraldo, de la Universidad Javeriana, advirtió que esta presión cambiaria también podría frenar la reducción de las tasas de interés por parte del Banco de la República, incluso con una inflación a la baja. “El Emisor podría verse obligado a mantener una postura más conservadora si el tipo de cambio se deteriora”, señaló.

3. Desconfianza de inversionistas y calificadoras

La suspensión de la regla fiscal sin una justificación sólida —como una emergencia sanitaria o un desastre natural— ha generado dudas sobre la voluntad del Gobierno para controlar el gasto público. “No hay un hecho sobreviniente que la justifique, y tampoco existe un plan claro de para qué se va a usar la deuda”, cuestionó Giraldo. Para él, la medida refleja un manejo fiscal improvisado que puede derivar en reacciones negativas de las calificadoras de riesgo.

Amorocho también señaló que el Comité Autónomo de la Regla Fiscal se opuso a esta decisión, y que el decreto que la habilita podría enfrentar dificultades jurídicas ante el Consejo de Estado, al haber sido aprobado sin participación del Congreso, a pesar de tratarse de una norma legal.

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Con la presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo, prevista para el 13 de junio, se definirá el alcance real de la suspensión y el nuevo nivel de endeudamiento que buscará el Gobierno. 

Por lo pronto los expertos coinciden en que la confianza fiscal del país se puso en juego, y podrían venir serias consecuencias para la economía colombiana.