En el Congreso de la República se llevó a cabo una audiencia pública enfocada en las personas judicializadas en el marco de la protesta social. El encuentro fue convocado por la comisión accidental que hace seguimiento a estos casos, y buscó abrir un espacio donde se pudieran escuchar las voces de las víctimas, sus familiares, organizaciones sociales, representantes de instituciones del Estado y congresistas comprometidos con los derechos humanos.

Entre los participantes estuvo el representante a la Cámara por Boyacá Pedro Suárez Vacca, quien hizo parte activa de la organización de la audiencia y participó como miembro de la comisión accidental.

Desde su experiencia como abogado defensor de derechos humanos, reiteró que la protesta no puede ser tratada como un delito, sino reconocida como una expresión legítima en democracia, y reclamó garantías jurídicas,

protección para los manifestantes y voluntad política para avanzar hacia una verdadera reparación.

“Seguiremos insistiendo en la necesidad de reconocimiento del derecho fundamental a la protesta social y seguiremos abogando por procesos que respeten las garantías constitucionales de las personas procesadas, pues solo donde haya verdad podremos construir una sociedad en paz donde se protejan a todos aquellos sectores sociales que manifiestan sus reivindicaciones y luchan incansablemente por sus derechos”, dijo el congresista boyacense.

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