La Contraloría evidenció presuntas omisiones en el manejo del inmueble histórico. Tanto la UPTC como la Cámara de Comercio de Tunja aseguran haber actuado con total transparencia.

*Por: Yuliana Bohórquez

La Contraloría General de la República (CGR) formuló hallazgo con connotación fiscal con presunto alcance disciplinario por 1.006.417.459 pesos, relacionado con el manejo del inmueble histórico Pozo de Donato, de propiedad de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC) y administrado por la Cámara de Comercio de Tunja (CCT).

Según el ente de control, el hallazgo se deriva del convenio suscrito entre ambas entidades en 1988, mediante el cual la UPTC entregó el inmueble a la CCT para su administración, mantenimiento y conservación, permitiendo su uso como parqueadero y posteriormente como restaurante turístico.

El convenio estableció una duración inicial de diez años, y fue objeto de modificaciones posteriores en los años 1997 y 2007. De conformidad con lo suscrito en el 2007, y según lo expuesto por la UPTC, el contrato de comodato ha sido objeto de prórrogas sucesivas por períodos de cinco años, teniendo como fecha de vencimiento vigente el mes de agosto del año 2027.

Por tanto, con el producto de la renta de arrendamiento del lugar se realizaría el mantenimiento y conservación del mismo, precisando que los remanentes de renta serían dispuestos para la construcción del Museo Arqueológico Hunzahúa y/o se mantendrían a disposición de la universidad. Esto teniendo en cuenta que la CCT, como administrador, arrendó el bien a un tercero.

Sin embargo, en la auditoría se evidenció: “la CCT no estableció el justo precio del canon de arrendamiento ni entregó los excedentes generados, mientras que la UPTC no ejerció control ni exigió la determinación del canon ni la transferencia de dichos recursos, lo que afectó directamente los ingresos de la universidad”, se lee.

Entre 1988 y el 2025, la CCT no realizó pagos directos a la UPTC por concepto de canon de arrendamiento, y la universidad certificó que no existen registros contables de ingresos por este concepto durante ese periodo.

Recursos en reserva

La CCT manifestó que algunos recursos recaudados se mantenían en reserva para futura destinación por parte de la universidad. Incluso, en comunicaciones del 2020 informó sobre dineros recaudados por arrendamiento y solicitó la respectiva facturación. Por su parte, la Rectoría de la UPTC indicó que los excedentes generados debían destinarse a la construcción del museo arqueológico.

Así habría sido el detrimento al patrimonio público

Una vez descontados los recursos invertidos en mantenimiento del bien, la CGR sostiene que se afectaron los ingresos de la universidad, generando un detrimento al patrimonio público en $ 1.006.417.459. “Se aclara que del valor inicial determinado por $ 1.021.517.459 se descuentan $ 15.100.000 que corresponde al valor del contrato de mantenimiento del año 2022”, dijeron en la Contraloría.

Impacto y medidas correctivas

Según la CGR, el daño patrimonial corresponde a las últimas cinco vigencias, calculado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), y representa recursos que pudieron destinarse a los fines misionales de la universidad. El informe señala que la situación se originó por deficiencias en la gestión administrativa, falta de seguimiento y control de las obligaciones contractuales, tanto por parte de la UPTC como de la CCT.

Finalmente, la Contraloría ordenó a la universidad elaborar o ajustar un plan de mejoramiento dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación del informe, y anunció que evaluará la efectividad de las acciones adoptadas para corregir las causas que dieron origen al hallazgo fiscal.

La posición de la UPTC

Por su parte, la universidad, a través de un comunicado oficial, explicó que el convenio suscrito con la CCT se celebró bajo la figura jurídica de comodato, cuyo objeto era la remodelación, restauración y conservación del Pozo de Donato, sin ánimo de lucro.

Precisó: “conforme a la naturaleza jurídica del convenio, no se encuentra dentro de las facultades de la universidad la imposición de tasas, cánones o contribuciones económicas, por cuanto «El comodato no se celebra con ánimo de lucro; su beneficio es moral, institucional o de conveniencia recíproca, pero no económico»”.

Afirmó que esta circunstancia ha sido igualmente advertida por la jurisprudencia del Consejo de Estado, al indicar que el comodato se caracteriza por la ausencia de contraprestación económica; la utilidad para el comodante no radica en recibir renta, sino en permitir un uso temporal que persigue un beneficio social o institucional.

En este sentido, “la determinación del canon en el contrato de arrendamiento celebrado por la CCT y el tercero les corresponde exclusivamente a las partes de dicha relación negocial, para lo cual la CCT es autónoma”, señalaron.

Insistió en que como institución ha llevado a cabo las gestiones necesarias para garantizar la conservación y mejora continua del inmueble para que siga siendo un espacio destinado al conocimiento, la cultura y el esparcimiento del público en general.

Lo que dice la Cámara de Comercio

En diálogo con Boyacá Sie7e Días, el presidente ejecutivo de la CCT, John Jairo Martínez Álvarez, explicó el rol que ha cumplido la entidad dentro de este convenio, afirmando que como administradores su único objetivo es la protección y conservación del Pozo de Donato, considerado patrimonio arqueológico e histórico de los tunjanos.

Respecto al informe de hallazgos, precisó: “como su nombre lo indica, ese es un hallazgo, no es un proceso de responsabilidad fiscal todavía. Ahí tenemos la oportunidad de defendernos y de demostrar que la CCT, en cierta forma, no tiene culpabilidad. (…) es un contrato con un tercero, en el cual la Cámara de Comercio, como es la representante de los empresarios y comerciantes, pues actuó de buena fe”.

Uno de los puntos cuestionados por el ente de control tiene que ver con la supuesta falta de determinación del justo precio del canon de arrendamiento y la no entrega de excedentes de renta a la UPTC. Frente a esto, el presidente ejecutivo explicó que el contrato data de hace varias décadas, no obstante, indicó que, al asumir el cargo en octubre del 2024 se tomó la decisión de incrementar el canon mensual de 1.500.000 pesos a 6.000.000 de pesos.

Martínez Álvarez también afirmó que los recursos provenientes del arrendamiento no han sido utilizados por la Cámara de Comercio para su beneficio. Por el contrario, aseguró que dichos dineros se mantienen bajo custodia, por solicitud expresa de la UPTC, con el propósito de destinarlos eventualmente a proyectos como la creación de un museo arqueológico en el lugar.

En medio de las versiones que han circulado en redes sociales y la opinión pública, que sugieren presuntos actos de corrupción entre la UPTC y la Cámara de Comercio, el presidente ejecutivo fue enfático en señalar que las decisiones cuestionadas corresponden a administraciones anteriores. “Hoy nos corresponde asumir esta situación con respeto por la ley, acatar a la Contraloría y ejercer nuestra defensa”, concluyó.

Finalmente, reiteró que la Cámara de Comercio no ha obtenido ningún incremento patrimonial derivado del contrato del Pozo de Donato y que su actuación siempre ha estado orientada a la protección del patrimonio histórico del inmueble, el respaldo al sector empresarial y a la legalidad de los procesos.

*Redactora de Boyacá Sie7e Días 

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