La senadora y precandidata presidencial María José Pizarro envió una carta abierta al presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, en la que lo acusa de incumplir el fallo judicial que ordena garantizar sus derechos fundamentales y permitir un debate democrático sobre la consulta popular impulsada por el Gobierno Nacional.

La polémica gira en torno a la decisión de Cepeda de cerrar el proceso de votación en la plenaria del Senado el pasado 14 de mayo, en un lapso menor a cuatro minutos, sin dar trámite al recurso de apelación que Pizarro presentó en medio del debate. La senadora argumenta que, conforme a la Ley 5ª de 1992, dicha apelación debía ser resuelta por la Plenaria del Senado y no de manera unilateral por su presidente.

“La negativa por parte del presidente del Senado frente a la resolución del recurso de alzada propuesto por la senadora María José Pizarro (…) se traduce en un acto arbitrario”, señala el fallo de la Jueza Sexta Civil del Circuito de Bogotá, citando que el recurso no se refería al resultado de la votación sino al cierre intempestivo del debate legislativo.

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Pizarro denuncia que Cepeda, en lugar de cumplir la orden judicial, envió un escrito posterior, fechado el 20 de mayo, que no resuelve el fondo del recurso presentado. A juicio de la senadora, esta acción constituye un desafío abierto a la justicia y vulnera los principios democráticos del Congreso.

“La Constitución y las leyes no pueden utilizarse para bloquear la democracia. Mientras se sigan ignorando las voces ciudadanas que claman por igualdad y reformas, el país continuará en conflicto”, afirmó.

Sin embargo, una vez se conoció el fallo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, respondió asegurando que los accionantes de la tutela omitieron un dato fundamental al presentar el caso ante la justicia. Según Cepeda, la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro el 14 de mayo ya había sido respondida por el Senado el 21 de mayo de 2025, lo que, a su juicio, significa que la solicitud ya estaba resuelta y que no existía desacato.

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“Al parecer, los accionantes de la tutela pasaron por alto un detalle clave al informar al juez, pues la apelación interpuesta por la senadora María José Pizarro ya había sido respondida por el Senado. De haber compartido esa información, se habría evitado pedir lo que ya estaba hecho, ahorrándoles a ciertos funcionarios del Gobierno ese entusiasmo desbordante que los llevó a producir videos, declaraciones y comunicados que, con toda seguridad, podrían haberse reservado para un asunto con mejores fundamentos”, señaló Cepeda.

Mientras tanto, la controversia jurídica y política sobre el trámite de la consulta popular continúa creciendo en el Congreso, en medio de un clima cada vez más polarizado.