En entrevista con La FM, el exregistrador nacional y codirector del Partido de la U, Alexander Vega, se pronunció frente al anuncio del presidente Gustavo Petro de expedir un decreto para convocar una consulta popular.

Vega calificó la iniciativa como “abiertamente inconstitucional” y advirtió que tanto el mandatario como cualquier funcionario que la respalde podrían incurrir en el delito de prevaricato: “Esta situación no hay que verla como si el presidente puede o no puede hacerlo. El presidente lo va a hacer. Lo piensa hacer. Pero hay que entender que es un acto contrario a la ley”, señaló.

Exregistrador Alexander Vega explicó consecuencias de la decisión de Petro con la consulta popular

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El exregistrador explicó que, según la Constitución, no se puede convocar una consulta popular sin el cumplimiento de los requisitos legales, como el concepto favorable del Senado: “Acá no hay limbos jurídicos. Es claro: no se puede expedir un calendario electoral sin que haya concepto favorable del Senado”, enfatizó.

Vega recordó su paso por la Registraduría para explicar los procedimientos: “Si a mí, como registrador, me hubieran llegado el decreto y los recursos sin el concepto del Senado, simplemente no habría podido sacar el calendario electoral. Y sé que el actual registrador, Hernán Penagos, actuará de la misma manera”, afirmó.

También advirtió que un eventual decreto presidencial sin los requisitos sería tumbado por la Corte Constitucional por vicios de forma: “La Corte lo primero que va a mirar es si hubo concepto favorable del Senado. Y si no lo hay, tumbará el decreto. Esto no es una interpretación que el presidente pueda acomodar: es un hecho jurídico claro”, precisó.

En una intervención en la que combinó el análisis jurídico con la lectura política, Vega fue más allá y aseguró que el verdadero propósito del decreto sería politizar el fallo de las altas cortes y responsabilizarlas de la falta de gobernabilidad.

“Creo que el presidente busca que las cortes también hagan parte del discurso político de su gobierno. Cuando la Corte Constitucional tumbe el decreto, podrá decir que también las cortes están bloqueando su agenda”, manifestó.

La crítica no se limitó al presidente. Vega también cuestionó a su círculo cercano de asesores jurídicos: “Yo no entiendo los abogados que están rodeando al presidente. ¿Por qué no le leen la Constitución y la ley? Parecen contratados para justificar lo injustificable”, refutó.

Frente a la posibilidad de que el registrador nacional actúe sin los requisitos, Vega fue enfático: “Cualquier funcionario público que expida un acto sin los requisitos incurre en prevaricato. Eso lo saben todos los servidores del Estado”.

Asimismo, llamó la atención sobre una acción en curso en el Consejo de Estado que podría frenar jurídicamente cualquier convocatoria: “Ya la Sección Quinta admitió una demanda que reconoce que hubo una decisión electoral sobre la cual existe un acto administrativo definitivo. Eso impide legalmente emitir un nuevo calendario”, aseguró.

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Alexander Vega, uno de los firmantes de la carta conjunta de ocho partidos políticos que rechazaron la propuesta presidencial, también mostró su preocupación por la decisión que se está tomando desde el Ejecutivo frente a la consulta popular.

“Esto es doloroso. El presidente sabe que lo que está haciendo es ilegal. Lo más preocupante es que lo va a hacer sabiendo que será tumbado, solo para decir que el sistema está en su contra”, concluyó.