En la última década, la política de Perú se ha convertido en un laboratorio incómodo del presidencialismo latinoamericano. Presidentes que no terminan su mandato, congresos que activan mecanismos de vacancia, intentos de disolución legislativa y una ciudadanía cada vez más distante de sus representantes. Lo que antes era excepcional hoy parece rutina institucional.

Desde la caída de Alberto Fujimori, el sistema de partidos peruano nunca logró recomponerse. La consecuencia ha sido un presidencialismo sin anclajes partidarios sólidos. Así, mandatarios como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo no solo enfrentaron oposición política, sino una arquitectura institucional que facilita la destitución mediante la ambigua figura de la “incapacidad moral permanente”.

En Perú, la confrontación entre Ejecutivo y Congreso no es una anomalía: es parte del diseño. El Congreso puede vacar* al presidente; el presidente puede disolver el Congreso bajo ciertas condiciones. Es un sistema de mutua amenaza que, en contextos de fragmentación partidaria extrema, convierte la gobernabilidad en una negociación permanente bajo la sombra de la caída.

¿Puede Colombia parecerse a ese escenario?

A primera vista, hay similitudes inquietantes. En Colombia también hemos vivido una fragmentación creciente del sistema de partidos. Las coaliciones presidenciales son amplias pero volátiles. El transfuguismo ideológico y la personalización del liderazgo son fenómenos evidentes. Además, la polarización ha elevado el tono de la confrontación política hasta niveles que erosionan la confianza pública.

Sin embargo, la comparación se detiene ahí.

Colombia, a pesar de sus crisis, conserva una institucionalidad que opera como dique de contención. El juicio político presidencial tiene causales más tasadas y umbrales exigentes. No existe una figura equivalente a la “incapacidad moral” peruana que pueda activarse con criterios amplios o interpretaciones políticas expansivas. La Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el entramado de control funcionan como árbitros permanentes del conflicto interinstitucional.

Más aún, aunque nuestro sistema de partidos ha mutado —pasando del bipartidismo tradicional a una fragmentación controlada— no ha colapsado por completo. Las organizaciones políticas siguen siendo vehículos relativamente estables de agregación de intereses. No estamos ante el vacío partidario que caracteriza al caso peruano.

Esto no significa que Colombia sea inmune a la inestabilidad. La gobernabilidad depende de la capacidad de construir mayorías funcionales, y esa tarea es cada vez más compleja en un entorno polarizado. Pero la arquitectura constitucional colombiana eleva significativamente el costo de una ruptura presidencial.

La lección peruana no es una advertencia de destino inevitable, sino un recordatorio de fragilidad institucional cuando los partidos dejan de cumplir su función estructurante. Allí donde no hay partidos sólidos, el presidencialismo se convierte en una cuerda floja.

Colombia, con todos sus déficits, conserva algo que Perú perdió hace décadas: una institucionalidad que, a su manera —imperfecta, tensionada, criticada— resiste.

Y en América Latina, donde la historia está llena de interrupciones abruptas, esa resiliencia no es poca cosa.

*Declararla vacante del cargo.

La entrada Perú y el fantasma de la inestabilidad: ¿podría pasar en Colombia? #ColumnistaInvitado se publicó primero en Boyacá 7 Días.