Ante la Fiscalía General de la Nación se interpuso una denuncia penal por prevaricato en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tenía funciones presidenciales delegatarias y en contra de los otros 18 ministros del gobierno Petro, por haber radicado la nueva consulta popular en el Senado.

La acción judicial también se presentó por supuesto abuso en la función pública, ya que según se advierte, Jaramillo no tenía la facultad presidencial de presentar una consulta ante el Congreso porque dicha función no le fue delegada en el decreto que se expidió tras el viaje de Petro a China.

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La senadora Paola Holguín radicó esta denuncia teniendo en cuenta que “los decretos de delegación, 506 y 528 de 2025, no incluyeron expresamente la facultad presidencial contenida en el artículo 104 Constitucional, concordantes con las Leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, de convocar a Consulta Popular, por lo que el Ministro Delegatario y los demás ministros que suscribieron la solicitud actuaron sin competencia para ello”.

Como la facultad de radicar consultas populares no fue transferida jurídicamente en los decretos en los que delega funciones a Jaramillo, tanto él como los demás miembros del gabinete habrían cometido irregularidades.

“Ello conlleva necesariamente, a que el documento extendido bajo estas particulares circunstancias sea manifiestamente contrario a derecho, lo que entonces permitiría afirmar que, con el mismo acto, todos los denunciados infringieron la normatividad penal por la adecuación de su conducta al punible descrito para el Prevaricato por Acción”, indica.

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También se envió una copia de la denuncia a la Procuraduría General de la Nación para que se adelanten las investigaciones disciplinarias a las que haya lugar por estos mismos hechos.