El Decreto 0639 del 11 de junio de 2025, expedido por el presidente Gustavo Petro, ha causado una verdadera tormenta política y jurídica en Colombia. Pese a que fue presentado como un acto unificado del Ejecutivo para convocar a una consulta popular sobre sus reformas, lo cierto es que varios ministros en propiedad se ausentaron de la firma.

Dicha omisión no ha pasado desapercibida, especialmente cuando el país vive uno de los momentos más tensos entre el Gobierno y la oposición.

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La firma del decreto fue defendida por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien afirmó que la norma se expidió al filo de la medianoche porque “la ley daba plazo hasta las 12:00”. 

No obstante, el documento lleva 18 firmas, incluyendo las de ministros encargados, lo que refleja que no todos los jefes de cartera podrían para respaldar con su firma una de las decisiones más controversiales del actual gobierno.

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¿Quiénes no firmaron el ‘decretazo’ de Petro?

En la lista de ausentes están nombres clave del gabinete:

• Laura Sarabia, canciller: fue reemplazada por la viceministra Rosa Yolanda Villavicencio.
• Edwin Palma, ministro de Minas y Energía: su lugar lo ocupó el presidente de la Agencia Nacional de Minería, José Luciano Sanín.
• Lena Yanina Estrada, ministra de Ambiente: firmó en su lugar Christian David Díaz Bulla, jefe de la Oficina de Negocios Verdes Sostenibles.
• Eduardo Montealegre, ministro designado de Justicia: como aún no se ha posesionado, firmó el ministro encargado, Augusto Alfonso Ocampo.

Si bien el Gobierno intentó cubrir las ausencias con encargados y funcionarios de alto nivel, la oposición y sectores críticos del Gobierno han cuestionado por qué los titulares de estas carteras no hayan puesto su firma en un decreto de semejante trascendencia política.

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Demandas contra el decreto

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Ocho partidos políticos (Conservador, Liberal, Centro Democrático, Cambio Radical y la Liga de Gobernantes Anticorrupción) presentaron una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado, alegando que el decreto es inconstitucional y que desconoce la voluntad del Senado, que ya se pronunció negando la conveniencia de la consulta popular.

En el recurso se advierte que permitir la entrada en vigencia del decreto “afectaría el principio de separación de poderes” y que su implementación podría generar gastos presupuestales irreversibles. Por ello, solicitaron una medida cautelar urgente para evitar la expedición de un calendario electoral por parte de la Registraduría, lo cual activaría de inmediato el proceso.

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Las reacciones más fuertes han venido desde el Centro Democrático, cabe recordar que se conoció un video en donde el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado que lo tiene en un delicado estado de salud, anunció que pedirá la nulidad del decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución, que establece que el Senado debe pronunciarse sobre la conveniencia de una consulta popular.

Por su parte, el representante Christian Garcés fue más allá y advirtió acciones penales por prevaricato contra los ministros que firmaron el decreto, al considerar que se trata de un acto abiertamente ilegal. “Nadie puede pisotear la democracia impunemente”, expresó.

Mientras tanto, el representante Hernán Cadavid aseguró que se trata de un desafío institucional sin precedentes, y que la oposición se prepara para dar la batalla en los estrados judiciales. “Nos estamos blindando jurídicamente porque sabemos que este decreto va a recibir demandas desde las universidades, la sociedad civil y todos los partidos que creen en el Estado de derecho”, indicó.