En Boyacá, como en gran parte de Colombia, existe una realidad que sostiene silenciosamente el funcionamiento del Estado y que pocas veces se cuenta con honestidad: la vida del contratista por Contrato de Prestación de Servicios (CPS). Personas que abren oficinas, ejecutan programas, atienden comunidades, redactan informes, acompañan procesos y asumen responsabilidades públicas, pero que jurídicamente no existen como trabajadores del Estado.

Esta no es una queja personal. Es una reflexión necesaria, escrita desde dos lugares: desde quien ha sido CPS y desde quien se ha formado como administrador público y entiende que cuando el Estado precariza a quienes lo sostienen, no solo precariza el trabajo, precariza su propia humanidad.

En el papel, el CPS es una modalidad excepcional, temporal y autónoma, pensada para actividades puntuales o especializadas. En la realidad, se ha convertido en una forma estructural de funcionamiento del Estado. Hoy, muchas entidades públicas no podrían operar sin CPS, pero tampoco están dispuestas a reconocerlos como parte real de su comunidad institucional.

El primer filtro es el acceso. En demasiados casos no depende únicamente del mérito, la formación o la experiencia, sino de contar con un padrino político, una recomendación o un liderazgo que “respalde”. Así, el CPS deja de ser una figura técnica y se transforma en un mecanismo de dependencia. La continuidad no siempre está ligada al desempeño, sino a la obediencia, al silencio y a no incomodar.

Luego está la inestabilidad. Hay contratistas que, de los doce meses del año, solo trabajan cinco o siete. El resto del tiempo el Estado desaparece: no hay ingresos, no hay protección, no hay continuidad. Esta fragmentación no es accidental; evita responsabilidades, debilita cualquier reclamo y mantiene a la persona en permanente incertidumbre económica y emocional.

A esto se suma uno de los absurdos más crueles del sistema: el pago de la seguridad social. Para poder cobrar, el CPS debe demostrar que ya pagó salud y pensión. Pero en muchos casos, por no decir en la mayoría, no recibe adelantos. Y sin cobrar, no tiene cómo pagar. El resultado es un círculo perverso que pone en riesgo el derecho a la salud y el mínimo vital. El Estado lo sabe, pero lo normaliza y traslada todo el riesgo al individuo.

La supervisión, que debería ser acompañamiento técnico, muchas veces se convierte en control, presión y hasta prácticas de acoso. Aunque el CPS no admite subordinación, en la práctica hay órdenes, horarios implícitos, manipulación y amenazas veladas. Una frase resume la relación de poder: “si no hace esto, no le renuevan”. El miedo termina siendo la verdadera herramienta de gestión.

También están las exclusiones cotidianas, esas que parecen pequeñas, pero dicen mucho. Las entidades argumentan que no pueden usar recursos públicos para detalles con CPS. Sin embargo, los invitan a integraciones institucionales. Comparten el mismo espacio, pero mientras los funcionarios de planta reciben almuerzo, premios y reconocimientos, los CPS deben pagar su comida. No es un asunto presupuestal; es una forma de discriminación simbólica que debilita el trabajo en equipo y deja claro quién pertenece y quién no.

El CPS no tiene vacaciones, ni día de la familia, ni día del empleado. Descansar significa dejar de recibir ingresos. Enfermarse es un riesgo. Tener vida personal se vuelve un lujo. Esto genera agotamiento crónico, desgaste emocional y una cultura institucional que normaliza el cansancio, el silencio y la resignación.

Así es como se rompe el tejido humano del Estado. No de manera abrupta, sino en pequeñas prácticas diarias: cuando se divide a la gente, cuando se clasifican dignidades, cuando se gobierna desde el miedo, cuando se habla de lo público, pero se olvida lo humano. Un Estado que no cuida a quienes lo sostienen pierde sentido, ética y legitimidad desde adentro.

Esta no es una discusión menor ni técnica. Es una discusión profundamente humana. El CPS no es solo una figura contractual: es hoy el reflejo de cómo el Estado decide relacionarse con quienes lo sostienen. Un modelo que funciona desde la precariedad, el silencio y el miedo no puede llamarse moderno, ni eficiente, ni mucho menos justo.

A quienes hoy toman decisiones en lo público les corresponde algo más que administrar contratos: les corresponde administrar dignidad. Preguntarse si el Estado que están construyendo es uno que simplemente sobrevive en el papel o uno que cuida, reconoce y respeta a su gente.

Porque cuando el Estado se acostumbra a tratar a algunos como prescindibles, empieza a volverse prescindible para todos. Y cuando la deshumanización se normaliza desde adentro, ninguna política pública alcanza para repararla desde afuera.

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