En los últimos años se ha producido un aumento de la violencia contra estos defensores de derechos humanos por parte de grupos criminales.
Naciones Unidas ha documentado al menos 972 asesinatos de defensores de derechos humanos entre 2016 —el año de la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Farc— y el 2025, según revela este jueves un informe en el que se reconocen avances de las autoridades para abordar esta violencia, pero también carencias.
La investigación, a cargo de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla que solo entre el 2022 y el 2025 fueron asesinados 410 activistas de este tipo, un 23 % de ellos indígenas, y subraya que más del 70 % de los perpetradores fueron actores armados no estatales.
«Es desgarrador que Colombia siga siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser defensor de derechos humanos», destacó en un comunicado el alto comisionado Volker Türk, jefe de la oficina de Naciones Unidas responsable del informe.
A la vista de los datos del informe, el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas instó a las autoridades colombianas a «abordar las causas estructurales de esta tragedia humana con un enfoque integral». El alto comisionado también denunció que los recortes presupuestarios de su oficina nacional para Colombia han disminuido en gran medida la capacidad para proteger a estos activistas y tomar medidas preventivas.
Como consecuencia de estos recortes, la oficina se ha visto obligada a reducir sus misiones a zonas de alto riesgo, lo que afectó a su capacidad para monitorear estos asesinatos y responder a las solicitudes urgentes de las comunidades en riesgo.
El estudio denuncia que en los últimos años se ha producido un aumento de la violencia contra estos defensores de derechos humanos por parte de grupos criminales vinculados principalmente al narcotráfico, la minería y la tala ilegal y la trata de personas.
El Gobierno actual ha implementado varias medidas importantes para abordar la violencia contra las personas defensoras, comenzando por el reconocimiento público de la gravedad del problema, «pero, como muestra este informe, aún queda mucho por hacer», subrayó Türk.
EFE
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