Ortiz advierte posible ocultamiento de información pública y ha solicitado a la mesa directiva de la corporación la restauración inmediata de los registros.

_{La diputada advirtió que de no publicarse las sesiones la Asamblea podría enfrentarse a sanciones disciplinarias e incluso penales. Foto: archivo Boyacá Sie7e Días.}

*Por: Yuliana Bohórquez Montañez
Una denuncia sobre la desaparición de registros audiovisuales de más de 16 sesiones de control político en la Asamblea Departamental de Boyacá fue presentada por la diputada Maryory Ortiz, quien advirtió que dicha situación podría tener consecuencias disciplinarias, fiscales e incluso penales, debido a que vulnera el derecho ciudadano a acceder a información pública y atenta contra los principios constitucionales de la función administrativa.

De acuerdo con la diputada, la alerta se originó cuando su equipo de trabajo, en preparación de un nuevo ejercicio de control político, intentó consultar la grabación de una audiencia desarrollada entre febrero y mayo de este año, en la que se abordaron temas de género. “Cuando buscamos el video, no apareció ni ese día, ni el anterior ni el siguiente. Al hacer la revisión completa evidenciamos que no hay rastro de ninguna de las audiencias celebradas entre el 17 de febrero y el 21 de mayo”, afirmó.

Las grabaciones, que según la normativa deben estar disponibles en las plataformas digitales de la Asamblea (YouTube o Facebook) para garantizar su consulta pública, incluyen sesiones en las que se discutieron temas de salud, género y se hicieron debates de control político a funcionarios del departamento. “No hay ninguna. Y eso es muy grave, porque se trata de audiencias esenciales para el ejercicio de la democracia”, recalcó la diputada.

“Pero también está la ley de transparencia que garantiza el derecho de acceso a la información pública, donde es muy clara la norma al decir que, nosotros como sujetos obligados, debemos permitir que haya una disposición de la información de manera pública, en un formato accesible, comprensible y que además esté actualizado”, agregó.

En este sentido, la diputada presentó una solicitud, un derecho de petición a la mesa directiva de la Asamblea de Boyacá, donde se requirió:
“Pedimos que nos expliquen las razones por las cuáles fueron eliminados, ocultados o se dejaron de poner públicos los registros audiovisuales. Que nos constaten si hubo algún tipo de decisión interna, si se utilizó algún canal interno de transmisión o de difusión de información para que esto sucediera (…)”, dijo.

Y añadió: “la última solicitud que hacemos es precisamente que en la mayor brevedad se cargue, se restaure y se publique cronológicamente las transmisiones desarrolladas desde el mes de junio del año 2004, porque aparentemente no solamente es entre estas fechas de febrero y mayo que mencioné, sino que parece que hay otros vídeos que han desaparecido”, manifestó.
Además, la diputada advirtió que hay indicios que apuntarían a una acción deliberada. “Es muy extraño que los videos anteriores al 17 de febrero estén disponibles, al igual que los posteriores al 21 de mayo. La mayoría de los desaparecidos corresponden precisamente a los más sensibles desde el punto de vista político”, señaló.

De igual manera, hizo un llamado a la Contraloría General de la República y de Boyacá para que realicen seguimiento de la situación y en caso de ser necesario se ejecuten las sanciones correspondientes.

Finalmente, insistió en que se trata de un asunto de interés público que compromete la credibilidad de la institución. “Esperamos que esto sea un error y que se corrija de manera inmediata. Pero si no es así, acudiremos a los estrados judiciales para defender el derecho de los ciudadanos a recibir información oportuna, veraz y completa”, concluyó.
La Asamblea de Boyacá tiene un plazo legal de 10 días hábiles para dar respuesta al derecho de petición presentado por la diputada Maryory Ortiz.
*Redactora de Boyacá Sie7e Días

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